El acuciante problema de la falta de vivienda

Según los datos de la Fundació Habitge Social, durante el periodo 2004-2009, se construyeron entre 50.000 y 70.000 viviendas protegidas al año. A partir de 2011, y especialmente desde 2013, las cifras de las viviendas protegidas no solo disminuyeron, sino que se desplomaron espectacularmente. Un informe del Banco de España, por su parte, establece que en España hay 27 millones de viviendas, de ellas, el 70% son vivienda habitual. Sólo el 13,3% se alquila, unos 3,6 millones de viviendas, y el resto, unos 4 millones, o están vacías o desocupadas. Y un estudio del BBVA Research alerta que el precio de la vivienda subirá un 5% por el desajuste entre oferta y demanda. Son solo tres apuntes que demuestran que la falta de vivienda y su oneroso precio es un problema acuciante, cada vez más grave, y que puede generar una crisis social sin precedentes.

Las administraciones competentes deben tomar medidas para paliar las dificultades de acceso a la vivienda. Los topes al alquiler que han legislado tanto a nivel español el gobierno de coalición como a nivel catalán el de ERC son polémicos porque tienen en contra a las asociaciones de propietarios. Por eso, impulsar la vivienda social es una medida positiva.

La Generalitat ha llegado a un acuerdo con una inmobiliaria dependiente de CaixaBank para comprar 433 viviendas y otros bienes inmuebles, como parkings, locales, oficinas y trasteros en Catalunya, 177 de las cuales en la provincia de Tarragona. Se destinarán a alquiler social. Dichos inmuebles están en Reus (37 viviendas, 37 aparcamientos vinculados y 14 libres, 37 trasteros vinculados y 2 locales comerciales), Salou (77 viviendas, 77 aparcamientos vinculados y 11 libres), El Vendrell (43 viviendas y 43 aparcamientos vinculados) y Vila-seca (16 viviendas, 16 aparcamientos vinculados y 9 libres, 15 trasteros vinculados, 4 locales comerciales y 2 oficinas).

Es una medida que resulta insuficiente dada la gravedad del problema, pero es un paso en el buen camino.