El acceso a la vivienda: un problema creciente
Los datos son descorazonadores. En Tarragona ciudad hay programado un desahucio al día de familias que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca de su vivienda. La problemática se extiende al resto de la provincia y aún más a las grandes ciudades como Barcelona o Madrid. Los jóvenes no pueden ni siquiera soñar con comprar una casa.
Los alquileres también están por las nubes. Por otro lado, las ocupaciones, aparte del problema en si mismas, generan un caldo de cultivo para posiciones populistas y extremistas. La dificultad en el acceso a una vivienda digna puede convertirse así en una crisis social de impredecibles consecuencias.
Numerosos informes muestran la gravedad del problema. El salario medio anual en España asciende a 25.165 euros, pero los jóvenes suelen cobrar menos, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Son unos 18.480 euros (12 pagas de 1.276 euros netos).
Con ese bajo salario, es imposible alquilar o comprar, aún más en los últimos meses dado el incremento de los precios y la subida de los tipos de interés.
No se debe olvidar que la proliferación de pisos turísticos, posiblemente lógica en poblaciones de Costa para aumentar la oferta de alojamiento a los visitantes, provoca también un efecto perverso: el aumento de los precios y la salida del mercado de inmuebles para alquilar todo el año.
A los propietarios les resulta mucho más rentable alquilar por cortos periodos que de un modo permanente.
¿La solución es controlar los precios? Los expertos disienten. Unos la apoyan como manera de poner tope a la especulación. Otros consideran que retrae a los propietarios y provoca justo el efecto contrario de lo que pretende el legislador.
En todo caso, queda claro que las administraciones públicas, ya sea el Estado, las comunidades autónomas o los Ayuntamientos, deben tomar medidas que garanticen a los ciudadanos el derecho a una vivienda digna. Si no es así, el problema que se nos avecina es mayúsculo.