Conflictividad social

En el Primero de Mayo, marcado por el contexto electoral y celebrado bajo el lema ‘Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios’, los principales sindicatos –UGT y CCOO– lanzaron un claro aviso a la patronal CEOE: si no se sienta a negociar subidas salariales irán a «una movilización general en forma de huelga» en otoño en los sectores donde los convenios colectivos sigan bloqueados.

Un informe de Oxfam conocido ayer señala que los trabajadores españoles están entre los que más poder adquisitivo han perdido en el mundo, al caer un 5,5% en 2022, perdiendo de media 1.523 euros de poder adquisitivo. Y es que la elevada inflación ha golpeado con especial crudeza las economías de las familias, que han tenido que hacer frente al incremento de todos los precios, en especial los de los alimentos, las hipotecas y los de las energías y los combustibles.

Claro que también es verdad que, si bien algunas empresas, sobre todo las más grandes, han obtenido unos importantes beneficios, hay otras, encabezadas por pequeñas y medianas empresas y autónomos, cuyas cuentas de resultados también se han visto fuertemente sacudidas por la crisis y el incremento de los costes de producción. El mayor reto tanto del Gobierno actual como de los futuros es crear puestos de trabajo y, evidentemente, remunerados de manera que las familias puedan vivir con sus necesidades cubiertas y sin privaciones básicas.

Escuchar a los sindicatos es imprescindible al establecer bases salariales, como lo es también atender a las reivindicaciones de los empresarios. Atravesamos momentos delicados, de crisis y de transformación, en los que un escenario de conflictividad social y laboral, sobre todo a las puertas de unas elecciones generales que lo pueden contaminar todo, no parece el marco más propicio para la negociación y los acuerdos a los que siempre hay que aspirar como el mejor método para resolver conflictos.