Sánchez plantea una exención fiscal a propietarios que alquilen según el índice y más impuestos a pisos turísticos

El presidente español anuncia un sistema de protección de propietarios e inquilinos

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el plan de promoción del acceso a la vivienda que el ejecutivo prepara desde hace meses y que busca revertir la escalada de precios en el Estado. El plan incluye 12 medidas, entre las cuales se encuentra una modificación legal para establecer una exención fiscal del 100% del IRPF a propietarios que alquilen según el Índice de Precios de Referencia. También se aplicará el IVA a los pisos turísticos en zonas tensionadas, se endurecerán los impuestos para la compra de viviendas por parte de extracomunitarios no residentes, y se creará un sistema de garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos que participen en el sistema de alquiler asequible.

Pedro Sánchez ha afirmado de manera recurrente que esta debe ser la legislatura del derecho a la vivienda. Durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas y después de las generales, ha anunciado medidas para construir miles de viviendas sociales e impulsar el alquiler asequible, pero la escalada de precios de la venta de pisos de segunda mano continuó inalterable en 2024 (7,1%) y el ejecutivo busca fórmulas para revertir la situación.

Este lunes, el presidente español compareció en el foro ‘Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar’, acompañado de la plana mayor de su gobierno, representantes del sector de la construcción y agentes sociales, para presentar las líneas maestras de un plan que toma como referentes casos como el de Dinamarca y Canadá.

El presidente español recordó que Occidente se enfrenta al desafío de no dividirse en una sociedad de dos clases entre “propietarios ricos e inquilinos pobres”, y destacó que el precio medio de la vivienda en Europa ha crecido un 48% en la última década, un hecho “insuportable” porque duplica el crecimiento de la renta de los hogares.

“El acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema de las clases medias y trabajadoras y es un obstáculo para la emancipación de los jóvenes”, dijo, y “explica la mayor parte de la desigualdad y la riqueza entre los ciudadanos”. Las heridas de aquella política “de la burbuja inmobiliaria”, según Sánchez, “aún supuran”, y hace falta una política “valiente, social y comprometida” que no se escude en el reparto competencial.

Sánchez cargó contra las propuestas del PP, porque la “política neoliberal” en vivienda de los gobiernos de Aznar y Rajoy ha tenido consecuencias “nefastas”. Todo ello, dijo, exige una “respuesta decidida” de las administraciones, porque “queda mucho por hacer”. “La situación es crítica” y hace falta “más trabajo y medidas más contundentes por parte de la administración general del Estado”, añadió.

12 medidas

Sánchez dividió los objetivos del plan en tres ejes: “Más vivienda, mejor regulación y ayudas más importantes”. Más vivienda, según el presidente español, pasa por crear “más vivienda protegida”.

La primera medida es la transferencia de más de 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recientemente creada empresa pública de vivienda. Esos dos millones de metros cuadrados, según Sánchez, se utilizarán para construir “miles y miles de viviendas protegidas para alquiler asequible, fundamentalmente para jóvenes”.

También anunció que, a lo largo del primer semestre de 2025, la empresa pública de vivienda comenzará a incorporar más de 30.000 viviendas de la Sareb, 13.000 de las cuales de forma inmediata.

El segundo punto es la creación de un mecanismo legal para que la empresa pública de vivienda “tenga prioridad en la compra de vivienda y de suelo”.

El tercero es una reforma legal para garantizar que toda vivienda construida por la administración general del Estado “mantenga definitivamente la titularidad pública”, de manera que lo que se construya o rehabilite con dinero público “siga siendo siempre de los españoles y no acabe en manos de fondos buitres y grandes especuladores”.

El cuarto punto es la creación de un plan PERTE similar al de los automóviles centrado en la construcción de viviendas. Tendrá sede en la provincia de Valencia y, según el presidente español, servirá para “modernizar e innovar en el sector de la construcción y su industrialización”, especialmente en la construcción modular para poder construir casas “con menos tiempo y costos”.

Tres medidas “sin precedentes”

Sánchez afirmó que el plan incluye también tres medidas sin precedentes. Así, el quinto punto es la creación de un sistema de garantías públicas que protegerán a los propietarios y los inquilinos que participen del alquiler asequible. La administración del Estado “pondrá el dinero y las garantías necesarias para que los ciudadanos puedan alquilar y los propietarios lo hagan con garantías y sin asumir riesgos”. Un sistema que “se ha probado con éxito en España” y que comenzará este año con los propietarios que alquilen a menores de 35 años.

El sexto punto es un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas a alquiler asequible. Hasta ahora, el Estado cofinanciaba a los propietarios que reformaban los pisos para ganar eficiencia energética. A partir de 2025, se añadirá un programa de ayudas para las personas que reformen una casa para ponerla a alquiler asequible durante al menos cinco años.

El séptimo, y también nuevo, es la decisión de someter al Congreso de los Diputados la aprobación de una exención fiscal del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los propietarios que alquilen su vivienda según los precios del índice de referencia, aunque no se encuentren en zonas tensionadas.

El octavo pasa por llevar al Congreso una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, “un negocio”, y por tanto se les aplique el IVA “en las zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística”. Según el presidente español, “sobran Airbnb y faltan viviendas”.

El noveno punto es una reforma del régimen de ventajas fiscales para las SOCIMIs para que las ventajas fiscales solo se apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible. Según el presidente español, se trata de poner fin a la “injusticia” de que estas sociedades paguen menos impuestos que los ciudadanos cuando compran una vivienda.

El décimo es la limitación de la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. El ejecutivo incrementará la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble. “Una medida inédita en la historia de nuestro país que ya se aplica en otras democracias como Dinamarca y Canadá, y que es muy adecuada en la situación de emergencia habitacional”. Sánchez recordó que en 2023 no residentes compraron 27.000 viviendas en el Estado principalmente para especular.

El undécimo punto es un endurecimiento de la regulación que persigue el fraude de los alquileres de temporada y la creación de un fondo para que los gobiernos municipales y autonómicos puedan reforzar las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda.

Y el duodécimo y último es el nuevo plan estatal de vivienda, que entrará en vigor en 2026 y que aumentará los planes de ayuda para el acceso a la vivienda y prestará “especial atención” a los jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. “El gobierno está comprometido y pondrá todo lo que esté a nuestro alcance para que la vivienda sea accesible”, dijo.

El plan contrasta con la batería de propuestas para la desregulación, rebajas fiscales y liberalización del suelo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desglosó este fin de semana. De hecho, Sánchez ha pedido a las comunidades autónomas del PP que “abandonen” las políticas neoliberales y participen de las iniciativas que su ejecutivo está poniendo en marcha.

En este marco, destacó que en Cataluña los precios del alquiler en las zonas tensionadas han caído entre un 3 y un 5% fruto de la aplicación de la ley de vivienda. “La evidencia empírica, los datos y los hechos demuestran que el control de precios funciona cuando va acompañado de medidas estructurales que se aplican de manera sostenida en el tiempo”, concluyó.