El Congreso aprueba ‘in extremis’ la reforma fiscal del Gobierno: así quedan los nuevos impuestos

Podemos ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el PSOE para que se apruebe este jueves en el Congreso la reforma fiscal que propone el Gobierno de España. Un plan que ha contado con el apoyo de 178 diputadas y diputados de la cámara, mientras que 171 han votado en contra.

Sobre la bocina, ya que el pleno ha tenido lugar este jueves, el partido de Ione Belarra ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con los socialistas para que estos impulsen una proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas, para lo que se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos en los próximos días.

Un acuerdo que incluiría una de las condiciones de Junts per Catalunya: que haya bonificaciones y ventajas para aquellas compañías que inviertan en proyectos para favorecer la descarbonización, es decir, la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmosfera.

La nueva norma debería concretarse antes de final de año y, de no ser así, el Ejecutivo apostaría por la vía del real decreto ley para prorrogar durante todo 2025 el gravamen ya existente a las energéticas. Una estrategia que, no obstante y aunque entraría en vigor de forma inmediata, debería ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de treinta días.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), ha celebrado que «el Partido Socialista va a cumplir con todos los compromisos que va alcanzando con los diferentes grupos parlamentarios».

En esta línea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado «satisfecha»: «Tenemos la garantía de que el impuesto va a aprobarse por una mayoría; ese es el compromiso que ha adquirido el Gobierno, que ha hablado con todos los grupos y promete que, de la comisión negociadora, saldrá un impuesto a las grandes energéticas».

Se aprueba el impuesto a la banca

El pleno del Congreso sí que ha acordado incorporar el impuesto a las entidades financieras al paquete fiscal del Ejecutivo que se aprueba este jueves gracias al acuerdo de última hora del PSOE con Podemos, después de que los socialistas hubieran llegado a pactos con el resto de sus socios.

Esta medida se introduce a través de una enmienda a la ley que regula el tipo mínimo para las multinacionales, donde el Gobierno ha incorporado, vía enmiendas, su reforma de impuestos.

El impuesto a la banca fue una de las medidas que quedaron pendientes de incorporar en la Comisión de Hacienda del lunes, pero que ahora rescata el pleno en virtud del acuerdo cerrado por el Gobierno con ERC, Bildu y BNG.

Este impuesto, que sustituye al gravamen extraordinario y que se concertará con las haciendas forales, gravará los márgenes y comisiones de las grandes entidades financieras con tipos progresivos entre el 1 % y el 7 % con dos deducciones, una de parte de la cuota del impuesto de sociedades y otra extraordinaria en caso de descenso de la rentabilidad.

También se incorporado una enmienda sobre la incompatibilidad entre la percepción de una pensión vitalicia por incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez y un trabajo que suponga darse de alta en la Seguridad Social, en cuyo caso se suspendería el pago de la pensión hasta que se produzca el cese en el trabajo, y otra sobre la rehabilitación de viviendas protegidas en Canarias.

Estas enmiendas se suman a las ya incorporadas el lunes en la Comisión de Hacienda, como la subida del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros o el gravamen a los vapeadores.

En cambio, se ha quedado fuera de la ley la subida de la fiscalidad del diésel para equipararla a la de la gasolina y varias de las medidas pactadas entre PSOE y Sumar, como la supresión del régimen fiscal de las socimis o el impuesto a los bienes de lujo.

Las voces de Tarragona

El diputado riudomense Josep Maria Cruset (Junts) ha reivindicado, durante el pleno del Congreso de los Diputados, el papel de Junts per Catalunya en la consecución de acuerdos. Cruset ha destacado que «gracias a Junts, hoy habrá un paquete fiscal en beneficio de los catalanes por miles de millones de euros».

Además, ha subrayado que la formación sigue negociando exclusivamente «a favor de Cataluña y su gente».

Durante su intervención, Cruset ha criticado las actitudes de otras fuerzas políticas, afirmando que «hacer política no es pasearse con un tono chulesco, ni faltar al respeto e insultar», sino trabajar para que «haya resultados tangibles que beneficien a la gente».

Cruset también ha cuestionado propuestas impulsadas por otros grupos políticos que, según él, «solo sirven para proteger intereses concretos». En referencia a una enmienda de ERC y Bildu sobre un impuesto energético, ha denunciado que, según su propuesta, «las eléctricas quedarían exentas de este impuesto».

También ha criticado la propuesta de ERC de dejar al gobierno español la decisión final sobre inversiones empresariales, calificándola de «miopía política con consecuencias graves para el futuro del país».

Desde Sumar, el tarraconense Fèlix Alonso argumenta que la nueva norma «permitirá recaudar 7.500 millones más, que hoy se pierden en paraísos fiscales y territorios de baja tributación. Y hará que los grandes grupos nacionales contribuyan más. Esto termina con que las grandes empresas, que son las que más beneficios obtienen de la sociedad, sean las que menos contribuyan a su sostenimiento».

«Necesitamos estos recursos para seguir ampliando las políticas sociales y el Estado del Bienestar e impulsando el progreso del país mediante la transición verde y la revolución digital», añade.

Por otro lado, la diputada tarraconense Elisa Vedrina (PP) explica que lo que se ha votado este jueves en el Congreso de los Diputados es una transposición de una directiva europea: «El gobierno pretendía aprovecharlo para sacar adelante una reforma fiscal, pero, al final, se ha quedado en una lista de concesiones a los socios de investidura de Sánchez».

«Si se continua aumentando la presión y el esfuerzo fiscal, se perderán inversiones en todos los sectores», sentencia la diputada del grupo parlamentario popular.