Mil euros de ayudas a los jóvenes que se emancipen

Casi al mismo tiempo que el Consejo de Ministros daba este martes luz verde a la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible, Alberto Núñez Feijóo presentaba la propuesta alternativa del PP a la política del Gobierno sobre esta materia. Entre las medidas avanzadas, una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para los jóvenes en una sola paga para abaratar los gastos objetivos por adquirir o alquilar una vivienda; ampliar el bono de alquiler joven o incrementar las cesiones de suelo dotacionales para construir viviendas y cederlas con un precio de alquiler tasado un 40% más barato del precio de mercado.

«No voy a hacer demagogia con un tema complejo. No hay soluciones fáciles, no hay medidas populistas que sólo traen más problemas y no planteamos medidas intervencionistas porque traen un encarecimiento de los precios», aseveró el líder de los populares en un acto con jóvenes, un colectivo al que el primer partido de la oposición quiere dedicarse en esta campaña para disputarle ese voto a Vox.

Frente al tope a los alquileres establecido en la Ley de Vivienda que el Gobierno ha perfilado con sus socios prioritarios de ERC y EH Bildu, los conservadores plantean que el Estado ayude a los más jóvenes a comprar su primera casa con un aval del 15% y, en el caso de que opten por el alquiler, que también les avale el coste de la fianza, aunque no han avanzado todavía los criterios de renta y de edad a seguir.

«Nunca ha sido fácil adquirir una vivienda», reconoció Feijóo, que calificó las medidas que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez para subsanar el problema de la vivienda de «erráticas, insuficientes e ineficientes».

El jefe de la oposición arremetió nuevamente contra el jefe del Ejecutivo por «hacer suya la propuesta de Podemos» de utilizar 50.000 viviendas de la Sareb y prometer que el 20% sean públicas cuando no llega al 3%. «Son las fantasmadas que presenta un Gobierno -criticó- que lleva cinco años sin política de vivienda».

Pacto de Estado

Otro de los compromisos que toma fuerza y que el PP explotará esta campaña electoral es hacer frente a la okupación. Un fenómeno que desde que se Sánchez llegó a la Moncloa, apuntan en Génova, se ha incrementado en un 43% y al que los populares abogan por frenar con desalojos exprés, en apenas 24 horas; aumentar las penas por este delito además de dotar de recursos a los tribunales y a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Feijóo reclamó, además, un pacto de Estado en materia de vivienda y se comprometió a implementarlo si llega a la Moncloa a finales de este año. También defendió la necesidad de incrementar la seguridad jurídica, tanto para la construcción como para el alquiler, ayudas directas y liberalización de suelo público, de los ayuntamientos, comunidades y de la Administración General «para abaratar los precios». «España no necesita las promesas repetidas e incumplidas de Pedro Sánchez ni la política de vivienda de EH Bildu», dijo.

La invitación a un pacto de Estado, trufada de críticas a Sánchez, fue recibida por el Gobierno con igual tono desabrido. En Moncloa cargaron incluso contra la puesta en escena de la que se sirvió el líder del PP. «En política, tan importante es el fondo como las formas y el principal partido de la oposición, con absoluta falta de sensibilidad, ha decidido presentar sus propuestas precisamente en una de las zonas de nuestro país donde más prohibitivo resulta el acceso a una vivienda», recriminó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez para subrayar que en la zona de la capital madrileña en la que compareció Feijóo las casas se están pagando 6.000 euros el metro cuadrado, o 2.000 euros al mes por un apartamento. «¿Quién se puede permitir esto?», adujo.

Modelos contrapuestos

Rodríguez argumentó además que los modelos de ambos partidos son bien distintos y que, de hecho, toda la estrategia de vivienda puesta en marcha por el Ejecutivo busca «reconstituir el parque público de vivienda desmontado por el anterior Ejecutivo».

«Hay un hecho incontestable, y es que las políticas del PP en materia de vivienda son unas políticas fracasadas. Es un hecho incontestable que sabemos todos, pero que especialmente -añadió- sabe la gente que fue afectada y sufrió esas políticas en forma de desahucios, de burbuja, de especulación y de corrupción».

Sánchez ha decidido hacer de la política de vivienda, uno de los problemas que, según las encuestas, más frustración genera entre los españoles y, especialmente, entre la gente joven, uno de los principales ejes de la campaña del PSOE para las elecciones del 28 de mayo y eso aleja cualquier entendimiento con el PP. «Estaría bien, para alcanzar un pacto de Estado, que el presidente del PP empezara a corregir la actitud, que roza la falta de institucionalidad, de sus presidentes autonómicos, cuando dicen que se van a saltar la ley de Vivienda», censuró la portavoz del Consejo de Ministros.

«Es inaceptable en un Estado de derecho que existan presidentes autonómicos, cuyo primer deber es cumplir la Constitución y la ley, que abiertamente digan que van a saltarse la ley», insistió a pesar de que la norma estatal, aún pendiente de aprobación, no tiene potestad para imponer nada a los gobiernos autonómicos, que son los que tienen la competencia en materia de vivienda y se limita a otorgarles un paraguas para poder intervenir el mercado en zonas tensionadas. «Claro, que viendo que el jefe se salta la Constitución, es fácil concluir que es una marca de la casa», remachó, no obstante, Rodríguez.