La subida del salario mínimo dinamita el pacto de rentas y tensa las cuentas de pymes y autónomos

La subida del salario mínimo a 1.080 euros con el rechazo de la patronal dinamita cualquier opción remota que existiera de alcanzar un pacto de rentas en España, a semejanza de lo que ha ocurrido en Portugal. «El Gobierno ha roto cualquier posibilidad. No hay ninguna opción», advirtieron este miércoles fuentes de la CEOE, una opinión que comparten también los sindicatos, que «censuran» al presidente, Pedro Sánchez, porque no ha sido capaz de liderar su puesta en marcha y se ha dedicado a «imponer medidas de carácter unilateral».

Hace ya prácticamente un año que el jefe del Ejecutivo anunció a bombo y platillo en el Congreso que impulsaría un pacto de rentas para aportar una estabilidad al país y evitar caer en una espiral inflacionista. Fue el 2 de marzo de 2022 y lo enmarcó como una de las medidas clave dentro del Plan Nacional de Respuesta al Impacto de Guerra que presentó.

Pero, desde entonces, apenas ha habido un par de reuniones entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para tratar de alentar este reparto de costes mientras el Ejecutivo, además, ha ido tomando decisiones de forma prácticamente unilateral que lo dejan vacío de contenido.

El nuevo incremento del salario mínimo es ya la gota que colma el vaso de una serie de medidas que deberían haberse englobado dentro de este pacto de rentas: la revalorización de las pensiones, el incremento de los salarios de los funcionarios, el aumento de las cotizaciones y algunos impuestos, la batería de iniciativas aprobadas para paliar el impacto de la guerra en Ucrania y la escalada de los precios.

Críticas a Sánchez

Ayer mismo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó a Sánchez por no haber realizado la subida del SMI en «un contexto de un pacto de rentas» que incluya también a las rentas medias, que -denunció- están «perdiendo poder adquisitivo a raudales» y hacerla sin «pactarla con las empresas y sin bajar los impuestos». Sánchez, sin embargo, no lo da por muerto y el pasado martes, al mismo tiempo que anunciaba el nuevo incremento del salario mínimo, instaba a la patronal a «sentarse con los sindicatos para llegar a un pacto de rentas», por lo que deja entrever que lo reduce a un nuevo acuerdo de negociación colectiva que fije la senda de subida de los más de nueve millones de trabajadores cubiertos por un convenio, algo que es competencia solo de sindicatos y empresarios.

La subida del 8% del salario mínimo triplica el alza que están experimentando los sueldos de los trabajadores sujetos a un convenio, que apenas han visto cómo sus nóminas se elevaban una media del 2,7% en 2022, aunque se queda cinco décimas por debajo de ese 8,5% de revalorización que ha beneficiado a nueve millones de pensionistas. El Gobierno insistió este miércoles en que este nuevo incremento no impactará negativamente en el empleo y será «compatible» con el buen funcionamiento de las empresas. «Es un elemento que permite generar más incentivos para la participación y elevar la productividad», aseguró el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés.

Pero la CEOE discrepa totalmente y advierte que se frenarán las nuevas contrataciones y se destruirá empleo en determinados sectores, como el campo o el de las empleadas del hogar, precisamente dos de los sectores que peor se están comportando en los últimos tiempos, afectados por el incremento de casi un 50% que arrastra el SMI en apenas cuatro años. En este sentido, Asaja, la patronal del campo, calificó de «dramático» el impacto que tendrá sobre la actividad agraria y avisó al Gobierno de que este tipo de subidas «reiteradas» pueden conllevar otras «no tan deseadas» como el alza del precio de los alimentos.

De igual manera, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, alertó de que el nuevo SMI «va a perjudicar la viabilidad de las actividades de los autónomos y las pequeñas empresas», que es donde se concentran la mayoría de los trabajadores que cobran el sueldo más bajo. Por cada uno de los en torno a 2,3 millones que se beneficiarán de esta alza, las empresas tendrán que pagar este año un sobrecoste de unos 1.500 euros, entre salario y cotizaciones.