Europa avisa de nuevo a España de que debe encarecer el despido

Nuevo aviso de Europa a España para que reforme el despido improcedente, lo encarezca y establezca una indemnización restaurativa y a la carta en función del daño que se ha infligido al trabajador, una medida que, sin embargo, el Gobierno sigue posponiendo y no tiene en su agenda inmediata, ni siquiera para el próximo año. Así lo reconoció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Pese a que se había comprometido a ponerse a ello tras aprobar la reducción de la jornada, la ministra ahora lo retrasa y dice que lo hará «con calma», consciente de que se encontrará con una fuerte oposición dentro de su propio Ejecutivo y en un Congreso cada vez más fragmentado.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó ayer una recomendación a España que forma parte del seguimiento que hace de forma habitual a las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales, en este caso a la publicada el pasado 29 de julio, cuando este órgano dio la razón a UGT y resolvió que el despido en España viola la Carta Social Europea y, por tanto, el derecho comunitario por no cumplir con la obligación de dar una compensación adecuada cuando el cese es injustificado. En definitiva, que despedir injustamente sale barato a los empresarios españoles, tal y como vienen denunciando los sindicatos estos últimos años y, por eso, UGT presentó a Europa esta reclamación que ha prosperado en marzo de 2022.

El Comité de Ministros europeo recomienda a España «proseguir los esfuerzos para garantizar que el importe de la indemnización pecuniaria y moral concedida a las víctimas de despidos ilegales sin motivo válido sea disuasorio y disuasivo para el empleador, a fin de garantizar la protección de los trabajadores contra tales despidos ilegales». Asimismo, le insta a «revisar y modificar la legislación» para garantizar que la indemnización concedida en casos de despido improcedente, y cualquier escala utilizada para calcularla, «tenga en cuenta el daño real sufrido por las víctimas y las circunstancias individuales de su caso».

Por último, el Consejo de Ministros europeo aboga por indicar las acciones tomadas para cumplir con esta recomendación en el próximo informe sobre el seguimiento de esta decisión.

Con esta nueva advertencia, Estrasburgo presiona más al Gobierno para que actúe, una vez que el pasado julio el órgano encargado de velar por que los Estados cumplan la Carta Social Europea -que España ratificó en 2021 y se comprometió a cumplir- sentenció que el derecho comunitario a una indemnización adecuada u otra reparación apropiada cuando el trabajador es despedido sin una justificación válida «no está suficientemente garantizado» en España.