El sector de los pisos turísticos pide 1.000 millones por la eliminación de licencias

El sector de los pisos turísticos de Barcelona ha presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a la Generalitat por valor de 1.000 millones de euros por las pérdidas que calcula le supondrá la aplicación del decreto que regula las viviendas de uso turístico .

Las reclamaciones, impulsadas por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, ​​Apartur, parten del convencimiento de que la ciudad de Barcelona acabará por extinguir en noviembre de 2028 las 10.000 licencias de la ciudad y que también ocurrirá lo mismo en el conjunto de Catalunya, donde hay unas 100.000.

El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, y la directora general de esta asociación, Marian Muro, han asegurado en rueda de prensa que el valor final de las reclamaciones podría superar los 3.000 millones de euros en Barcelona y los 7.000 millones en todo Cataluña.

Los afectados por la normativa de la Generalitat que abre la puerta a la eliminación de los pisos turísticos tienen hasta el 8 de noviembre para presentar sus reclamaciones patrimoniales.

Los portavoces de Apartur han señalado que, si las reclamaciones no son aceptadas por la Generalitat, llevarán las peticiones de indemnizaciones frente a la justicia ordinaria.

Apartur ve una expropiación de facto

«Llegaremos hasta el final. Se han vulnerado derechos como el de la propiedad privada. Se trata de la expropiación encubierta de un derecho», aseguró Muro.

En concreto, la reclamación patrimonial se basa en la disposición transitoria segunda del Decreto Ley del Gobierno, que para Apartur «implica una expropiación de hecho de las licencias de pisos turísticos en 2028».

La expropiación sería ilegal, según su argumentario, por ser contraria a la ley española y la europea, «que establecen que siempre debe existir el derecho de indemnización, que éste no puede quedar en manos del administración o del legislador, y que las compensaciones deben ser de carácter económico».

Ante la carencia de compensaciones económicas, los propietarios, aseguran, «tienen derecho a reclamar a la Generalitat el importe resultante de un cálculo sobre los gastos de los últimos cinco años y los beneficios que se obtendrían de continuar la actividad».

Por el momento, los mil millones de euros en indemnizaciones que se han reclamado corresponden a las gestiones realizadas por 1.500 propietarios y 25 empresas gestoras de estas viviendas.

La patronal de los pisos turísticos de Barcelona confía en que la justicia les acabe dando la razón y recuerda que en estos momentos existen acciones en curso contra el decreto aprobado por el anterior Gobierno de ERC ante la Comisión Europea y ante el Tribunal Constitucional.

Alcántara ha explicado que las reclamaciones se han presentado ante la Generalitat porque es la administración que ha regulado las viviendas de este tipo aunque éstas corren peligro por el anuncio que ha hecho el alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, de no renovar ninguna de las licencias actuales.

La patronal considera que, aunque todavía quedan cuatro años para 2028, los efectos negativos de la nueva norma ya se han hecho notar, con «incertidumbre» entre los trabajadores y los clientes y la imposibilidad de amortizar inversiones y la pérdida del valor de los pisos.

Apartur ha defendido una «regulación justa y equitativa» del sector que «evite la desaparición de una alternativa que representa el 40% del alojamiento reglado en Barcelona», la mayor parte utilizado por el turismo familiar, y que emplea a unas 5.000 personas de forma directa aportando 347 millones en impuestos.