El registro de alquileres turísticos y temporales, a partir del 2 de enero

El último Consejo de Ministros del año, celebrado el pasado lunes ha servido también para aprobar una batería de medidas en materia de vivienda que, sin duda, marcará buena parte de la actividad del Gobierno el próximo año. Entre ellas, la esperada ventanilla única que conectará a la Administración con las plataformas digitales para controlar los alquileres turísticos y los temporales.

La medida entrará en vigor este próximo 2 de enero, aunque no será efectiva hasta el 1 de julio de 2025, fecha en que acaba el periodo de transición para que empresas y administraciones puedan adaptarse. A partir de entonces, los alojamientos con alquileres de corta duración -a los que se acusa de contribuir a las subidas de precios- tendrán que contar con un número de identificación.

El objetivo es un mayor control que impida, entre otras cosas, que entren en el mercado agentes sin licencia o que se puedan esquivar ciertas normas, como ha ocurrido en Barcelona donde se han usado los alquileres temporales para burlar el control de precios en zonas tensionadas.

En este sentido, los alquileres tendrán que justificar la temporalidad del contrato, por ejemplo, alegando que se trata de un piso de estudiantes. Vivienda social Más allá del registro único, el Gobierno ha modificado la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la construcción de vivienda asequible en colaboración público-privada.

Empresa pública de vivienda

El Ejecutivo también empieza a sentar las bases para la creación de una empresa pública de vivienda que refuerce el parque social. La misma se sustentará sobre la entidad estatal del suelo (SEPES), que, según lo aprobado ayer, incorporará a su cartera los inmuebles del Instituto de la Vivienda (INVIED), los de Equipamientos Penitenciarios, los de la Seguridad del Estado (Siepse) y los de ADIF. Del mismo modo, Muface y Patrimonio Nacional cederán la gestión de los suyos, pero conservando la propiedad. Una lista en la que finalmente no estarán -pese a que se había especulado con esa posibilidad- las viviendas de la Sareb.

El ministerio dirigido por Isabel Rodríguez también ha aprobado prorrogar un año las deducciones por obras de rehabilitación y mejora energética. Según el Ministero de Vivienda, en 2021, 2022 y 2023, estas deducciones aplicaron sobre un total de 122.862 viviendas, con un ahorro de unos 319,70 millones de euros en el IRPF de los contribuyentes.