El Congreso deroga el gravamen extraordinario a las grandes energéticas

El apoyo de Junts y PNV a una enmienda del PP pone fin a este instrumento fiscal que comprometía inversiones estratégicas de hasta 1.100 millones de euros en el polo petroquímico de Tarragona

Fin al gravamen extraordinario a grandes energéticas y banca... aunque sin descartar futuros epílogos. El Congreso de los Diputados aprobó hoy el paquete fiscal que contempla, entre otras medidas, la transposición de la directiva europea para que las multinacionales paguen un tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades del 15% de su resultado contable ajustado, así como un nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones bancarias, con tipos de entre el 1% y el 7%, la rebaja progresiva del Impuesto de Sociedades para las empresas que facturan menos de un millón de euros, o la subida de dos puntos en el IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros.

La gran protagonista, sin embargo, fue la enmienda presentada por el PP para derogar el gravamen extraordinario a grandes energéticas y banca, que con el apoyo de Junts y el PNV (dos de los socios de investidura del gobierno de coalición PSOE-Sumar), pone fin a un instrumento fiscal sobre cuya prórroga o conversión en impuesto permanente, empresas como Repsol se habían mostrado muy críticas, anunciando que amenazaba inversiones industriales estratégicas para la descarbonización del polo petroquímico de Tarragona por valor de más de 1.100 millones de euros.

Tras una tensa tramitación en el Congreso, el PP dejó pasar la posibilidad de vetarla en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, y, en su lugar, introdujo varias enmiendas susceptibles de ser apoyadas por otros grupos, entre las cuales se encontraba la derogación del gravamen a las energéticas.

El impuesto sobre las grandes energéticas no ha llegado a formar parte en ningún momento del paquete fiscal del Gobierno, pero su continuidad ha sido el elemento clave de todas las negociaciones, ya sea en forma de prórroga del gravamen extraordinario o con la creación de un impuesto permanente.

En estas negociaciones, el Gobierno se comprometió con ERC, Bildu y BNG a prorrogar un año más el gravamen temporal y, con Podemos, a abrir una mesa de partidos para negociar un impuesto permanente, siempre respetando el compromiso previo con Junts de que no afectara a las empresas que invierten en descarbonización, como Repsol en Tarragona.

La mesa de partidos arrancó la pasada semana, pero a las dos reuniones convocadas no acudieron ni PNV ni Junts, haciendo así imposible acordar una medida con garantías de salir adelante. La derogación del gravamen pone ahora fin a esta vía... hasta el lunes.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este jueves que el Gobierno aprobará un real decreto ley el próximo lunes para mantener el gravamen a las grandes energéticas en 2025, a pesar de que sabe que no será convalidado en el Congreso por la oposición de PNV y Junts.

‘Ningún tipo de recorrido’

Josep Maria Cruset, diputado de Junts en el Congreso por Tarragona, explicó que «lo que se ha aprobado hoy es el acuerdo al que había llegado Junts con el PSOE, con el paquete fiscal que rebaja el impuesto de Sociedades a microempresas y pymes por valor de 2.500 millones de euros, rebaja la fiscalidad de las cooperativas y los clubs deportivos, y elimina un impuesto sobre las mutuas sanitarias que hubiese afectado a 2,7 millones de catalanes».

La votación de la enmienda presentada por el PP para derogar el gravamen extraordinario a las grandes energéticas, además, «ha evitado -prosiguió Josep Maria Cruset- que se apruebe un impuesto a las energéticas industriales, que generan riqueza y puestos de trabajo, protegiendo inversiones de más de mil millones de euros en el Camp de Tarragona destinadas a descarbonizar la industria».

«Algunos -concluyó Cruset- pretenden que se apruebe en los próximos días un impuesto fiscal para las energéticas, pero es una voluntad fake, porque las mayorías parlamentarias son las que son, y no se aprobará nada que ponga en riesgo la viabilidad industrial del Camp de Tarragona. Este impuesto no tiene ningún tipo de recorrido».