En qué se invierte el dinero del Fons de Transició Nuclear

Entre los años 2030 y 2035, si nada cambia hasta entonces, cerrarán los tres reactores nucleares que hay en la demarcación de Tarragona. Dos están situados en Ascó (Ribera d’Ebre) y un tercero en Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp). Es una decisión política que afecta de manera directa a 1.883 empleos (entre trabajadores de plantilla y empresas de servicios que a diario acuden a estos centros de trabajo), pero que tiene un impacto que va mucho más allá.

A estas 1.883 personas se le suman las incorporaciones de trabajadores adicionales durante las paradas de recarga periódicas, en las que hay implicados de forma recurrente más de un millar de profesionales, con lo cual la cifra de personas con implicación laboral directa en estas dos centrales nucleares se sitúa alrededor de los 3.000 profesionales.

Para una comarca como la Ribera d’Ebre, donde se ubicarían unas 2.000 de esas 3.000 personas, eso supone entre un 10,6% y un 22% de su población activa (según se sumen o no las incorporaciones de las paradas), que en el año 2022 (últimos datos disponibles en el Idescat), se situaba en las 9.566 personas. El equivalente a que el Barcelonès perdiese de golpe entre 113.000 y 234.000 puestos de trabajo altamente cualificados.

Ante esta perspectiva, en diciembre de 2021, el Departament d’Empresa i Treball, en línea con sus competencias en materia empresarial y laboral, reconoce que «el impacto del cierre de las centrales comporta la desaparición de una media de 3.000 puestos de trabajo directos e incide en el tejido económico de los municipios que las rodean».

Dicho lo cual, anuncia: «Por este motivo, y con el fin de promover actuaciones de desarrollo socioeconómico y de transición energética de las zonas afectadas por el impacto ambiental de la producción de energía eléctrica nuclear, [...] se crea el Fons de Transició Nuclear».

Dotado inicialmente con 23.704.874 euros procedentes de la ecotasa (Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient), que destina a este fondo el 20% de los ingresos obtenidos por el pago de ese impuesto por parte de la Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, este porcentaje aumentó en 2023 al 50%, con un incremento de la dotación de este fondo hasta los 83.064.219 euros.

Hecho el análisis, detectado el reto a resolver y planteada la herramienta para afrontarlo, ¿cual es el balance, casi dos años y medio después? ¿En qué se ha invertido durante este tiempo el dinero de este fondo? ¿Se ajusta a los objetivos con los que fue creado? Y, por último: ¿está bien encaminada la estrategia para afrontar, en palabras del propio Govern, «la desaparición de una media de 3.000 puestos de trabajo directos?».

Maria Llop, catedrática de Fonaments d’Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y buena conocedora de la realidad socioeconómica de este territorio, sobre la que ha hecho diversos estudios, corrobora que «el cierre de las centrales nucleares es un choque negativo muy importante, con un elevado número de trabajadores que generan riqueza e ingresos a los ayuntamientos».

«La importancia relativa del cierre de Ascó en La Ribera d’Ebre -añade-, es además mucho más grande que la que supone el cierre de Vandellòs en el Baix Camp. Por un lado, porque con dos reactores, en Ascó hay más trabajadores, pero por el otro, porque en el Baix Camp hay una actividad económica más diversificada».

La afectación de la desaparición de estos puestos de trabajo directos, además, cuenta con un factor multiplicador -explica esta catedrática- de 3,3 en la demarcación de Tarragona, con lo que, «en un escenario de máximos, afectaría al triple de puestos de trabajo». Es decir, entre 6.600 y 9.900 trabajadores afectados por los cierres a escala provincial. Si se circunscribe a «Ascó y los municipios en su corona, la afectación es de 3,7», añade Maria Llop.

«Es un choque -prosigue-, pero hay parte del efecto negativo que se diluirá mucho más allá», con una estimación del impacto de estas centrales nucleares sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de la demarcación de Tarragona que se situaría alrededor de un 3%.

Con todo, «no será un choque de un día para otro -matiza-, porque habrá una actividad de desmantelamiento que durará unos cuantos años, con un periodo transitorio en el que la actividad económica irá menguando paulatinamente».

La herramienta para tratar de amortiguar y revertir esta situación está ahí, y se llama Fons de Transició Nuclear. Pero aquí, las respuestas empiezan a ser bastante menos confiadas que con el análisis de la realidad que llega. La primera duda que expresa Maria Llop es sobre «la exposición de los motivos del fondo, donde hay una mezcla entre transición energética, transición ecológica y reindustrialización de la zona, que como objetivos de política económica son conceptos muy diferentes».

«¿Cualquier actividad es buena?», se pregunta esta catedrática de la URV. «¿Es igual de financiable poner placas solares en un casal d’avis que montar una fábrica de conservas? ¿Hay una línea técnica que está evaluando las propuestas en su impacto? El acoplamiento entre objetivos que parecen muy diversos y las medidas prácticas financiadas, las actividades e inversiones que se están haciendo, es algo que se debería hacer de manera muy objetiva, y no se sabe qué se está financiando».

La información sobre el destino final de este fondo ha llegado con cuentagotas durante estos últimos dos años y medio, donde se ha hablado mucho de cuánto dinero había, cómo se repartía y cuándo se iba a cobrar, pero mucho menos sobre estrategia y proyectos concretos. ¿En qué se ha invertido el dinero?

Preguntado por el Diari de Tarragona, el Departament d’Empresa i Treball ha compartido algunos datos. Los 23.704.874 euros con los que estuvo dotado el primer año de funcionamiento de este fondo, en 2022, se destinaron -relata de forma genérica este departamento del Govern de la Generalitat-, «a diferentes convocatorias de desarrollo territorial, promoción económica y transición energética de la Generalitat de Catalunya», dado que «el marco normativo del Fondo era provisional y tampoco se había constituido el órgano de gobierno ni se había creado una estructura que permitiese la ejecución de los nuevos fondos».

Tras diversas ampliaciones y cambios en su composición y desarrollo normativo, ya en su segundo año de funcionamiento, los beneficiarios de este fondo fueron, de forma mayoritaria, 96 municipios (18 en la zona Penta I, la más cercana a las centrales nucleares que deberían cerrar, y 78 en la zona Penta II, en una franja más alejada), que en el año 2023 obtuvieron la asignación de 73.548.081,97 euros, lo cual supone un 88,54% de los 83.064.219 euros recaudados.

En el caso de los 18 municipios Penta I, el importe asignado para cada municipio era de hasta 2.009.410,54 euros, mientras que en los 78 municipios Penta II era de hasta 453.636,62 euros por municipio.

De este presupuesto, sin embargo, las cuantías de las que hasta la fecha han podido disponer los ayuntamientos son mucho menores. En enero de este año 2024, cada uno de los 96 municipios beneficiados recibió un adelanto de 174.418,60 euros, que en caso de ser usado tendrá que justificarse en marzo de 2026 con «una memoria breve explicativa de los proyectos, que deben adecuarse al objetivo de la normativa y el presupuesto vinculado [a ellos]».

Entre noviembre del presente 2024 y una fecha sin determinar de 2025, recibirán el resto de las asignaciones. Desde Empresa i Treball aseguran que tendrán que ser «actuaciones directamente relacionadas con la promoción económica, la generación de puestos de trabajo o la transición energética».

Agricultura y Turismo

Maria Llop, de la URV, alerta sobre los riesgos que conlleva esta manera de gestionar el fondo: «Dar líneas de ayuda no necesariamente fomenta la actividad económica en un territorio. A un alcalde le das un millón de euros y te puede ganar unas elecciones, pero hay que ligar los puestos de trabajo y la destinación final. Poner placas solares en el casal d’avis -insiste- te genera una cierta actividad económica, pero se acaba. Lo que se tendría que fomentar es que se implante la fábrica para que se fabriquen las placas».

Tras la partida principal del presupuesto del Fons de Transició Nuclear de 2023 destinada a los ayuntamientos, los restantes 9.516.137,03 euros se destinaron, en un 64,77% (6.163.620 euros) a dos proyectos del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (Copate), que en la nota de prensa publicada el 4 de abril de 2024 se detallaban así: «Unos 3 millones para el impulso de la marca ‘Reserva de la Biosfera de las Terres de l’Ebre’ para favorecer al sector primario y al de servicios turísticos, y los 3 millones restantes para el proyecto ‘Smart Rural Ebreterritori-Ebremobilitat’ para desplegar una red de cargadores de vehículos eléctricos de alta velocidad en todos los municipios de las Terres de l’Ebre».

Nuevamente aquí, la catedrática Maria Llop, de la URV, hace una reflexión: «Se puede compatibilizar la reconversión industrial y la transición energética», defiende, pero «hay que saber en cuántos nuevos trabajadores se traducen esas inversiones en la Reserva de la Biosfera».

Por último, la menor partida presupuestaria en el reparto de los fondos de 2023 corresponde, con 3.352.517,03 euros y un 4% del total presupuestado, a inversiones empresariales de Alto Impacto.

Las empresas beneficiadas por estos fondos fueron seis: Lotte Energy Materials Spain (Mont-roig del Camp, 2.000.000 euros), Daniel Aguiló Panisello (L’Aldea, 1.000.000 euros), Plásticos Castellà (L’Aldea, con dos proyectos que suman 1.330.500 euros), Amiblu Pipes Spain (Camarles, 292.596,50 euros), Industrias Teixidó (Riudecols, 314.176,33 euros), y Carlos Castilla Ingenieros (Riudoms, 415.244,20 euros).

En resumen: 83.064.219 euros, de los cuales un 96% fueron a parar a organismos públicos locales y un 4% tuvieron como destino final inversiones empresariales de Alto Impacto.

Estupor sindical y patronal

Llegados a este punto, organizaciones empresariales y sindicales empiezan a mostrar su incomodidad. Juan Luis Cantón, coordinador de Transició Justa i Medi Ambient del sindicato UGT en Catalunya, y miembro del Òrgan de Govern del Fons de Transició Nuclear por este sindicato (ver información al final de este artículo con su composición), lamenta que durante los últimos dos años «se ha dedicado más tiempo a discutir cuál era el órgano de gobierno, el reglamento, quién estaba dentro y quién no, quién decide... que a crear proyectos empresariales de alto impacto».

«Hablamos -prosigue Juan Luis Cantón- de 3.000 puestos de trabajo, y queremos que se hagan proyectos de alto impacto, proyectos grandes, capaces de dar respuesta a estas cifras. Está muy bien que llegue el dinero a los ayuntamientos, pero no hay que olvidar que tenemos a gente muy cualificada, a la que cuando se les ofrezca una alternativa laboral, no tendrá las mismas condiciones que ahora».

«Por eso -añade este representante de UGT- queremos puestos de trabajo de calidad y proyectos grandes, con calidad, como la planta [de componentes de baterías eléctricas de Lotte Energy] en Mont-roig del Camp, no empleos en secretarías técnicas y de técnico en los ayuntamientos».

En este punto, asegura que «es un poco lamentable que cada ayuntamiento intente hablar de lo suyo y de qué puede obtener. Lo que nos gustaría como sindicato es que hubiese proyectos más grandes, en lugar de pequeños, y sobre todo que el dinero que hay no se pierda. La sensación que tenemos es que, en 2023, casi todo el dinero se ha repartido a escote entre los ayuntamientos, y eso tendrán que justificarlo».

Desde la patronal Pimec, presente también en las reuniones del organismo que gestiona este fondo, Jordi Ciuraneta, el presidente en Tarragona de esta organización, comparte el diagnóstico: «Creemos que un proyecto de esta envergadura necesita un consenso político, económico y social sobre qué queremos que pase en estos territorios, y la sensación ahora es que cada administración va a lo suyo, pero no hay un plan conjunto; debería haber al menos un esbozo de ese plan, porque este fondo es para restituir esos puestos de trabajo que se pierden, tanto en número como en calidad».

Ana García Molina, presidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), coincide con este análisis: «El fondo está bien, porque hay que buscar una alternativa, pero está claro que se tiene que organizar muy bien, porque esa alternativa ha de tener un impacto en el territorio. Se habla mucho del fondo, pero no de cuál es la alternativa económica».

«Se habla de millones de euros, pero... ¿hay un plan que diga ‘para buscar esta alternativa económica en el territorio, necesitaremos tantos millones’? ¿Qué estimación se ha hecho, si es que se ha hecho? ¿Estas 3.000 personas que se tienen que reconvertir, el fondo ya cubrirá esa reconversión?», prosigue Ana García.

«Estrategia energética» y «búsqueda de alternativa económica» son los dos pilares sobre los que, en opinión de esta economista, se debería asentar el Fons de Transició Nuclear. «Los trabajadores vinculados a la industria nuclear están muy cualificados, y por lo tanto es necesario atraer una inversión industrial que pueda aprovechar las aptitudes de estas personas».

«Pero las industrias -alerta- se ubicarán en lugares en los que haya gente cualificada, pero también energía. ¿Cómo se sustituirá esta energía de las centrales nucleares? ¿Cómo transitamos hacia la energía que necesitamos en el territorio?»

«Hay que hablar también de este relevo, de esta transición energética -defiende Ana García-, y deberíamos ser capaces de utilizar las infraestructuras de las centrales nucleares en esta transición. La pregunta es: ¿Qué estrategia hay? El peligro es que estos fondos no se acaben de aplicar en una alternativa económica que aporte al territorio valor añadido».

Lluís Pinós, presidente de la Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya, comparte que «tienes unas 3.000 personas altamente cualificadas, en un área muy específica, que necesitan de un proceso de reconversión muy complicado y difícil».

«Con toda seguridad -prosigue Lluís Pinós-, muchas de estas personas podrían ir al polígono industrial de Tarragona, pero el problema es que ahí ya hay gente. Por lo tanto, has de crear puestos de trabajo para recolocarlos, con nuevas inversiones en la zona».

«A diferencia de lo que ocurrió por ejemplo con el cierre de la Nissan -añade-, este no es un problema sobrevenido, aquí no nos ha cogido por sorpresa. Sabes el mes del año en el que está previsto que pare Ascó I, después Ascó II, Vandellòs... Al final, hay muchas incógnitas, y quizás es importante que estas cuestiones se vayan poniendo sobre la mesa».

Maria Llop, de la URV, resume lo que en su opinión es hoy la principal incógnita: «¿Será un dinero capaz de generar nueva actividad en el futuro, o se agotará? Creo que se deberían enfocar los recursos a actividades productivas. Es un plan que intenta tocarlo todo, sin acabar de ligar bien objetivos e instrumentos».

Un presupuesto en el aire

Llegados al año 2024, el tercero de funcionamiento de este fondo, el presupuesto asignado se ha limitado a 23.704.874 euros. La razón que da el Departament d’Empresa i Treball es que «la recaudación de 2024 no la conocemos y se consignará en diciembre de 2024, con la confianza de que el resultado de recaudación sea equivalente al del año 2023». Es decir, 83.064.219 euros.

Pese a estas limitaciones, se han abierto este año múltiples convocatorias (ver cuadro adjunto), que se financiarán con estos fondos, por un importe total de 51.922.187,83 euros.

Preguntado por las razones de esta disparidad entre lo presupuestado y la cuantía ofrecida en estas convocatorias, el Departament d’Empresa i Treball argumenta que «hay convocatorias anticipadas (se resuelve este año pero se paga más adelante) y otras que son plurianuales (el importe se paga en diferentes anualidades), como las convocatorias de Alt Impacte, y por tanto se han comprometido importes que se ingresarán con la recaudación definitiva en marzo».

Entre las convocatorias abiertas este año con cargo al Fons de Transició Nuclear hay una mayor presencia de líneas relacionadas con el ámbito empresarial, con un incremento de la dotación para actuaciones como las inversiones empresariales de Alt Impacte (un presupuesto aprobado de 23.711.858,05 euros) o Reindustrialización (5.000.000 euros).

La estructura

¿Quién decide cómo se reparten estos fondos? La respuesta es el Òrgan de Govern del Fons de Transició Nuclear, compuesto hoy por 22 instituciones con derecho a voto. Presidido por la Secretaria d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya y dos vicepresidencias ocupadas por los ayuntamientos de Ascó y Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, menos de un tercio de las instituciones representadas (6 de 22) son representantes del ámbito empresarial y laboral: se trata de las patronales Foment del Treball y Pimec, los sindicatos CCOO y UGT y las cámaras de comercio de Reus y Tortosa.

El resto son administraciones públicas o vinculadas a la Administración Pública, con una fuerte presencia de ayuntamientos y consejos comarcales, que además cuentan con más asientos que el resto, con lo que la representación del ámbito empresarial y laboral queda circunscrita a un 22% de los asientos.