El impuesto a la banca sigue en jaque y el Gobierno fuerza otro aplazamiento de su votación
Ante la falta de acuerdos y la consecuente imposibilidad de aprobar las medidas fiscales, entre las que se encuentra la tasa a las entidades financieras, se pospone por segunda vez la Comisión de Hacienda y Función Pública, que iba a dar luz verde a los cambios. Fuentes de ERC confirman que «no hay acuerdo»
El impuesto a la banca sigue en el aire después de que el Gobierno haya optado por posponer hasta el próximo lunes a las 17.00 horas la Comisión de Hacienda y Función Pública que iba a aprobar el dictamen de la ley, que incluye otras medidas fiscales. Se trata de la segunda vez que se aplaza la Comisión, pues ya se hizo el pasado lunes, cuando se pospuso hasta este jueves después de la Sesión Plenaria.
La voluntad del Ejecutivo era la de que la Comisión aprobara las medidas el pasado lunes y el Congreso las ratificara este jueves. Sin embargo, la negativa de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Euskal Herria Bildu (EH Bildu) sigue poniendo en jaque el calendario, pues los socialistas, después de llegar a un acuerdo con Sumar para mantener el impuesto a la banca y renunciar al de las energéticas, necesitan de la mayoría de investidura para que la norma prospere. Por el momento, fuentes de ERC confirman que «no hay acuerdo».
La idea de los socialistas era convertir en impuesto el gravamen a los bancos, que expira a finales de año, y mantenerlo durante tres anualidades más. Sin embargo, la negativa de Esquerra y Bildu a dejar caer la tasa a las energéticas ha provocado fricciones y, en consecuencia, que el paquete, por el momento, no pueda aprobarse.
La primera intención era la de mantener tanto el impuesto a la banca como a las energéticas. Sin embargo, el PSOE llegó a un acuerdo con Junts per Catalunya y con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para, entre otras medidas, suprimir la tasa energética, pero mantener la bancaria.
Acuerdo al que se unió este lunes Sumar, pero que es rechazado por ERC, Bildu y Podemos, que mantienen su voluntad de dar continuidad al gravamen energético. El equilibrio entre los pactos con sus socios a derecha e izquierda es el principal escollo del PSOE para aprobar su reforma fiscal.
El camino que siguió el Ejecutivo fue el de usar el proyecto de ley para que las grandes empresas y multinacionales tributen en España a un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (IS) para, vía enmiendas, incluir los cambios fiscales acordados.
Cabe recordar que la del 15% se trata de una transposición europea con cierto consenso en el Congreso, que es de obligado cumplimiento, que ya está fuera de plazo y que España podría tener sanción de Bruselas si no la efectúa.
Este jueves, el Partido Popular (PP) se había abierto a apoyar el proyecto de ley que transpone a la legislación española dicha transposición, siempre que no se incluyeran los nuevos tributos que el PSOE ha negociado con sus socios.
Por otra parte, el Ejecutivo podría contentar a sus socios aprobando por decreto una prórroga del impuesto a la banca y a las energéticas y dejar para el debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 la negociación de las medidas fiscales.
Con el retraso de la Comisión de Hacienda hasta el lunes, el Gobierno gana unos días para continuar negociando, aunque sus socios están muy descontentos por la forma en que se ha abordado esta cuestión: un pacto bilateral inicial con algunas formaciones y búsqueda de apoyos posterior.
Si el trámite parlamentario continúa con normalidad, la comisión votará el lunes el texto de la ley, la transposición de la directiva, que previsiblemente saldrá adelante después de que el PP se haya mostrado dispuesto a apoyarla. También se votarán las enmiendas, que si son aprobadas quedarán incorporadas al texto.
Posteriormente, la ley pasará al Pleno (previsiblemente también la próxima semana), que volverá a debatir y votar las enmiendas que hayan sido rechazadas en comisión pero que queden vivas y que, por lo tanto, tendrán otra oportunidad de ser aprobadas. El texto que salga del Pleno (con o sin enmiendas) pasará al Senado.
El Senado puede optar o bien por aprobar el texto sin enmiendas, lo que concluiría su tramitación, o bien enmendarlo o rechazarlo, lo que obligaría a la ley a volver al Congreso.
Los tiempos, en este caso, son importantes, ya que la transposición de la directiva se encuentra fuera de plazo y tiene que estar en vigor antes de final de año para que aplique a este ejercicio fiscal.