Alguien en el Gobierno todavía no ha digerido el informe Draghi

En tiempo de descuento, la Mesa del Congreso de los Diputados ha dado una semana más de margen para recibir enmiendas a la propuesta de convertir en permanente el Gravamen Temporal Energético (GTE), en vigor desde el 27 de diciembre de 2022. Aplicado a la banca y las grandes energéticas, fue la respuesta extraordinaria que el Gobierno de España dio a la subida de costes energéticos tras la invasión rusa de Ucrania.

Esta prórroga arañada sobre la bocina debería servir no solo para presentar propuestas y seguir negociando, sino que es una magnífica oportunidad para incorporar al debate los recientes informes Letta y Draghi sobre el Mercado Único y sobre El futuro de la competitividad europea, de digestión pesada para algunos estómagos demasiado habituados a la política de menú infantil y bebida edulcorada.

Todos los gobiernos de la Unión Europea tienen sobre la mesa un informe Draghi muy duro y autocrítico con los repetidos tiros al pie que, como europeos, nos hemos pegado estos últimos años en materia de competitividad económica, con un especial ensañamiento en nuestro tejido industrial.

Tener hoy un debate sobre fiscalidad energética en los términos en los que se está teniendo en España, donde por el momento asoman poco los conceptos de méritos, deducciones o ayudas, y mucho más los de señalamientos de culpabilidad por el hecho de que las empresas busquen ser rentables y competitivas, parece muy alejado de los vientos que soplan desde la nueva Comisión Europea.

El modelo de éxito es hoy la IRA (Inflation Reduction Act) de los Estados Unidos, que ha permitido a ese país dar un salto notable en la competitividad de su industria. Premia a quien lo hace bien con incentivos fiscales, en lugar de cargar a todos los del grupo por igual, lo hagan mejor o peor. La IRA distingue entre el que aporta y el que no, sin necesidad de apelaciones patrioteras a la ‘españolidad’ de las empresas (como las que algunos miembros del Gobierno están repitiendo estos días). Premia a quien busca ser competitivo e ignora al que no. El mercado ya se encargará de poner a estos últimos en su lugar.

Es una de las cosas que Mario Draghi, la leyenda de la Unión Europea que, al frente del Banco Central Europeo (BCE), salvó el euro durante la crisis de deuda de 2011, ha puesto ante nuestras narices en un informe que han cogido como libro de cabecera quienes saben cazarlas al vuelo. El mundo ha cambiado y Europa se ha descolgado de EEUU y China, que aumentan su distancia. Lo que nos lleva, en palabras de Mario Draghi, a un «desafío existencial». Si la Unión Europea no acomete un «cambio radical», estará amenazado su modelo social de derechos y libertades, de Estado del Bienestar.

Pero mientras la Comisión Europea toca la corneta de la reindustrialización y la autonomía estratégica, aquí no parecemos darnos por aludidos, embarrados en un ‘impuestazo’ que parte del gobierno de coalición PSOE-Sumar defiende como la receta infalible para preservar y mejorar ese Estado del Bienestar bajo amenaza.

Un Gravamen Temporal Energético por el que Repsol (por poner el ejemplo de la empresa que ha hecho saltar las alarmas) ha pagado 444 millones de euros en 2022 y 335 millones de euros en 2023. Una recaudación que se suma a los otros impuestos que pagan las energéticas, como el Impuesto de Sociedades o el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Y que el Gobierno quiere ahora que siga pagando, junto al resto de empresas seleccionadas, sin fecha de caducidad.

Una decisión discutida desde hace por lo menos un año cuando, en noviembre de 2023, la Comisión Europea emitió un informe cuestionando la necesidad de mantener este gravamen temporal en un contexto económico en el que el escenario había cambiado respecto a 2022, con un importante descenso de los precios de la energía a lo largo de 2023.

Cambio de lenguaje

Un año más tarde, ese aviso se consolida con un cambio de lenguaje evidente en Europa, que mueve los objetivos estratégicos. La nueva Comisión Europea habla ahora mucho menos ‘Verde’ y mucho más ‘Limpio’. Pero, sobre todo, es mucho más pragmática: hace números y busca que cuadren.

El nuevo Pacto Industrial Limpio (Clean Industrial Deal) es el ejemplo más claro. Sin desterrar el Pacto Verde Europeo (European Green Deal), se pone el foco en una transición que no ahogue la competitividad de la industria europea; pieza central, junto con la innovación y la reducción de la burocracia, de la futura competitividad de la Unión Europea.

Esto mueve, inevitablemente, el marco de referencia del ‘impuestazo’, hoy claramente alejado de estas líneas estratégicas. Hay preguntas recurrentes sobre él, que a menudo mezclan conceptos. ¿Deben pagar impuestos la banca y las energéticas? Pocos lo discutirán. Si obtienen grandes beneficios, ¿deberían tributar por ello? Tampoco parece discutible. ¿Debe pagar lo mismo una empresa que invierte en tecnologías de futuro, que otra que se limita a extraer y repartir lo ganado entre sus accionistas? Aquí, la cosa empieza a cambiar.

En otras palabras: ¿Es lícito que proyectos de inversión estratégicos para la transición energética de la industria europea, como el que plantea Repsol en Tarragona, tengan alguna recompensa por parte de la Administración Pública?

Así lo percibió en julio de 2023 la Comisión Europea, que decidió conceder a Repsol -en un proceso de selección competitiva tras el que quedaron muy pocos proyectos finalistas en Europa- hasta 169 millones de euros para construir la Ecoplanta de El Morell (con 106 millones de euros aportados por la CE) y el electrolizador asociado a ella (63 millones de euros de ayudas europeas), que debería ser, con hasta 150 MW, el mayor de España.

El proyecto de Repsol en Tarragona es uno de los 41 que han obtenido financiación con cargo al Fondo de Innovación de la UE, en el marco del Plan REPowerEU, orientado a reducir rápidamente la dependencia con respecto a los combustibles fósiles rusos y avanzar con rapidez en la transición ecológica.

Para ello, la Unión Europea ha dotado a este Fondo de Innovación, que invierte en proyectos tractores de tecnologías limpias a gran escala, con 3.600 millones de euros procedentes del comercio de derechos de emisión. Es importante, crucial, la procedencia de esos fondos. No salen de cualquier lado, sino de las industrias europeas que pagan por el CO2 que emiten.

De forma mucho más tímida de lo que han hecho los EEUU (de hecho, de manera muy distinta), algunas de estas industrias, las que más se han esforzado en invertir en proyectos tecnológicos de futuro para la Unión Europea (proyectos que contribuyen a preservar su modelo social de Estado del Bienestar), tienen la oportunidad de ser reconocidas y recompensadas. Con su propio dinero. ¿Podría ser ese el camino europeo del ‘impuestazo’ español? ¿Recaudar para apoyar al que contribuye?