Clamor de políticos y empresarios del territorio en defensa de Hard Rock

Medio centenar de instituciones públicas, asociaciones empresariales y representantes de la sociedad civil del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre se han unido en defensa del proyecto de Hard Rock en Vila-seca y Salou. La Cambra de Comerç de Tarragona fue el escenario donde se hizo público ayer un manifiesto que reclama celeridad al Govern para aprobar definitivamente el Plan Director Urbanístico (PDU) y desbloquear la inversión. En un acto cargado de simbolismo, con los alcaldes de Vila-seca y Salou escoltando a la presidenta de la Cambra, la ausencia de los representantes territoriales de ERC desdibujó la buscada imagen de unidad entorno al proyecto.

El documento, avalado por las cuatro cámaras de comercio y los principales agentes económicos de la provincia, además de una quincena de ayuntamientos y los consells comarcals del Tarragonès y el Baix Penedès –todos ellos con gobiernos encabezados por PSC o Junts–, defiende Hard Rock como un «proyecto estratégico» para la generación de puestos de trabajo. El texto, además, reivindica el papel que tendrá para diversificar, modernizar y desestacionalizar el actual modelo turístico.

«En el sur de Catalunya siempre somos los niños pobres de Catalunya y no podemos permitirlo. Tenemos que luchar, ya hemos perdido mucho tiempo. Necesitamos puestos de trabajo, inversión y turismo de calidad, no solo de sol y playa», manifestó la presidenta de la Cambra, Laura Roigé, que cifró la inyección económica de Hard Rock en 1.000 millones de euros y la creación de 12.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta. «No podemos dejar perder más inversiones como las que ya hemos perdido», expresó.

Los alcaldes exigieron al Govern que fije una fecha para dar luz verde al PDU. «La Generalitat debe coger este proyecto como prioridad y ponerle todas las energías para demostrar que somos un país serio», reclamó Pere Segura, que pidió también que «se nombre a una persona que coordine todo el proyecto y, sobre todo, marquemos un horizonte temporal razonable y objetivo».

Segura quiso matizar las palabras de Granados sobre la paralización del proyecto por parte del inversor que el edil salouense lanzó la semana pasada y afirmó que lo que la compañía norteamericana ha comunicado es que, antes de seguir con la redacción del proyecto, querían conocer las modificaciones que se introducirán en el planeamiento. «Para nada Hard Rock ha dicho que deja el proyecto», apuntó.

Mientras, Pere Granados insistió en las bondades de la inversión de Hard Rock y aseguró que servirá para crear puestos de trabajo los 365 días del año. «Se trata de una mejora de la calidad de vida de nuestros residentes y una nueva oferta turística que nos posiciona a nivel mundial», destacó.

Grandes ausentes

A lo largo del mes de diciembre, la Cambra prevé que se irán sumando más agentes económicos e instituciones del territorio en defensa del proyecto. A pesar de que en un inicio los impulsores del manifiesto esperaban contar con más apoyos, finalmente la Diputació y el Ayuntamiento de Tarragona se desmarcaron. Al acto no asistieron ni el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ni la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ni el delegado del Govern en Tarragona, Àngel Xifré. Según la presidenta de la Cambra, Ricomà le confirmó el viernes su asistencia, pero canceló finalmente su presencia sin justificar las razones. «Ya sabéis cómo son los políticos, que cuando alguien llama por teléfono, todos van a una», dijo.

Mucho más beligerante fue el alcalde de Salou, que acusó directamente a los republicanos de hacer «política sectaria». «Aquí deberíamos estar todos los alcaldes, alcaldesas y representantes institucionales. Ellos representan a todo el territorio, no solo a un partido político», lamentó, al tiempo que pedía un posicionamiento firme por parte del Govern. «Ya basta de ambigüedades con un proyecto de la importancia que tiene este».

Actualmente, el desarrollo de Hard Rock continúa pendiente de la aprobación definitiva del PDU, que estaba prevista para este 2022. Sin embargo, un informe desfavorable de Acció Climàtica que se conoció hace un mes alertaba de que el proyecto no cumple los criterios ambientales y obligaba de nuevo a modificar el texto. La enésima traba en la tramitación de un proyecto que se arrastra desde el 2012.