Los gestores de pisos turísticos de Tarragona reclaman 93 millones a la Generalitat

Nueva polémica por la regulación del sector de las viviendas de uso turístico en Catalunya. La patronal de gestores de apartamentos de la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre han presentado reclamaciones patrimoniales contra la Generalitat por valor de 93 millones de euros. Ese es el impacto económico que calculan que les acarreará la aplicación del Decreto Ley 3/2023, aprobado hace un año. Esta normativa plantea la retirada de licencias de viviendas turísticas a partir de 2028, una medida que desde el sector consideran que pone en riesgo el futuro económico de este tipo de alojamiento.

La base de estas reclamaciones se encuentra en la Disposición Transitoria 2ª del Decreto Ley, que establece cinco años a los propietarios de las viviendas para disponer de la licencia urbanística requerida para seguir con la actividad turística. Algo que desde la asociación de apartamentos tachan de «expropiación encubierta» de las licencias turísticas.

Esta nueva licencia urbanística será un requisito únicamente en los municipios con problemas de acceso a la vivienda y con una alta concentración de viviendas de uso turístico. Son 262 en toda Catalunya, una treintena de ellas en Tarragona. Aquí se incluyen todas las localidades del litoral de la provincia, salvo Creixell, Cunit y La Ràpita, además de otras ciudades como Reus, Valls o Falset. Además, las nuevas licencias urbanísticas para usar una vivienda como alojamiento turístico se limitan a 10 por cada 100 habitantes, lo que dejaría muchas fuera en municipios turísticos como Salou, Cambrils o L’Ametlla de Mar.

«El Decreto Ley 3/2023 nos aboca a una situación de incertidumbre que no es aceptable para ningún empresario, ni trabajador del sector», expresa Joan Calvet, presidente de la Associació d’Apartaments de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre. «Estamos hablando de miles de euros invertidos en mejoras y reformas, que ahora podrían perderse, además de cientos de puestos de trabajo que se ven afectados por la inestabilidad que genera esta normativa», añade.

A pesar de que todavía no se ha implementado plenamente, desde la patronal afirman que los efectos del decreto ya se hacen notar, «con una depreciación de los inmuebles afectados, una caída de la confianza en el mercado, y la imposibilidad de planificar y amortizar inversiones a largo plazo».

«Estamos ante una normativa que pone en riesgo la viabilidad de la oferta de un tipo de alojamiento turístico que ha sido clave para nuestros destinos durante décadas», argumenta Joan Calvet, que critica que «estas políticas se han aprobado sin consultar ni escuchar las necesidades del sector, y esto puede suponer una pérdida de competitividad para toda la demarcación».

De la misma manera, el presidente de la Associació d’Apartaments de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre defiende que «no nos oponemos a la regulación, pero esta tiene que ser coherente, hecha con criterio, y con una perspectiva que garantice la continuidad de un sector que genera puestos de trabajo y promueve el turismo de calidad». Es por ello que piden «regulación justa y equilibrada» que permita garantizar la oferta legal de viviendas de uso turístico y combatir el intrusismo de manera efectiva.