La Costa Daurada tiene 2.000 pisos turísticos legales más que el año pasado

El número de viviendas de uso turístico inscritas legalmente en el registro de la Generalitat no para de crecer en la Costa Daurada. A fecha de 31 de julio, según las cifras del Departament d’Empresa i Treball, en los municipios de nuestro litoral existen un total de 23.380 pisos y casas que se destinan al alojamiento temporal de turistas. Son 2.000 más que el verano pasado. Desde el sector señalan que la actividad ya ha llegado a su punto álgido y que ahora se están regularizando en masa muchos de los apartamentos que hasta ahora se alquilaban de forma irregular.

Esta tipología de alojamiento ha cambiado la forma de viajar de mucha gente en los últimos tiempos y, en número de plazas ofertadas, continúa ganando terreno a los establecimientos tradicionales. De hecho, en la docena de municipios de la costa ya hay casi tantas viviendas de uso turístico como habitaciones de hotel (25.898) y muchas más que unidades de acampada en los campings (19.523).

Un dato especialmente significativo en ciudades eminentemente turísticas como Cambrils, donde el número de estos pisos ha crecido en 400 respecto al mismo mes del año pasado y supera ya (con 3.766) al número de habitaciones de hotel (3.112) o las parcelas y bungalows que ofertan los campings (3.010).

Salou continúa liderando este tipo de alojamiento, con casi 7.000 viviendas de uso turístico repartidas por la ciudad. La capital de la Costa Daurada es, de hecho, la segunda ciudad catalana con más viviendas de este tipo, solo por detrás de Barcelona. Desde el año pasado, 422 nuevas viviendas han formalizado su inscripción como alojamiento en el Registro de Turismo de Catalunya. Calafell y Vila-seca, con 200 nuevas residencias de este tipo son las otras dos localidades donde más licencias nuevas se han otorgado.

A pesar de este fuerte crecimiento en el último año, la Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i las Terres de l’Ebre (AAT) calcula que todavía queda por regularizar alrededor del 25% de los apartamentos que se ofertan en alquiler turístico. Su presidente, Joan Calvet, señala que «puede ser que algún alquiler de temporada haya pasado a ser turístico, pero la mayoría son pisos que ya se alquilaban de forma ilegal y ahora se están regularizando». En este sentido, afirma que «hay sanciones importantes para quien ejerce sin licencia y los Mossos están controlando bastante el registro de viajeros», lo que, sostiene, ayuda a que el registro de viviendas turísticas crezca tan rápidamente.

«Este incremento significa que el sistema comienza a funcionar», coincide Àlex Savé, de Administracions Savé, empresa especializada en la administración de fincas, la gestión inmobiliaria y el alquiler de apartamentos turísticos. «Hay muchas inspecciones y la gente cada vez está más informada de que es necesaria una licencia para poder alquilar. Muchos propietarios siguen alquilando, pero ahora empiezan a hacerlo bien. Esto favorece la convivencia», defiende.

«Casi el 80% de los apartamentos que gestionan nuestras empresas son de un solo propietario particular, que no se encuentra en la zona y que lo cede para que le hagamos todas las gestiones y tener una operativa correcta», cuenta el presidente de la AAT. Asegura, además, que muchos apartamentos no se inscriben en el registro hasta que no llega a manos de una agencia profesional.

Asimismo, desde la entidad reclaman mano dura a las administraciones para terminar con el intrusismo. «Ojalá hubiera más control –dice Calvet–. Es un perjuicio para los negocios, para los propietarios y empresas gestoras, pero también para las administraciones, que dejan de ingresar la tasa turística y se encuentran con problemas de inseguridad. Hace muchos años que pedimos que se pongan serios y todavía falta un poco más de esfuerzo».

Un sello de excelencia

Una de las políticas encaminadas a acabar con la oferta ilegal es la creación de un sello de excelencia que ofrezca garantías a los clientes sobre aquellas empresas y gestores particulares que cumplan con una serie de requisitos de calidad. Generalitat de Catalunya y empresarios del sector llevan tiempo trabajando en la creación de este distintivo, que podría ser una realidad de cara al verano de 2024. Se trata de una medida reclamada desde el propio sector antes de la pandemia a la que se han adherido todas las asociaciones de apartamentos turísticos de Catalunya.

«Que los propietarios alquilen por la vía legal implica tener un control de las personas que vienen a los edificios. Para los administradores de fincas es fundamental saber las personas que viven en el inmueble para tomar medidas si pasa alguna cosa», apunta Savé.

Respecto a los problemas de convivencia con vecinos derivados de esta actividad, ambos afirman que son hechos aislados y que existen herramientas para combatirlos. «La mayoría de gente se comporta bien, pero si hay alguien que provoca molestias o destrozos en una comunidad y no los podemos tener por incivismo, la ley nos permite desalojar al cliente inmediatamente. Tenemos herramientas y el apoyo de las policías locales y los Mossos», expone Calvet.

Sobre la proliferación de este tipo de alojamientos en zonas residenciales, lejos de los focos turísticos, Àlex Savé explica que las comunidades también tienen la capacidad de prohibir esta actividad en sus edificios. «Solo se necesita un cambio estatutario, que se aprueba con 4/5 partes de los votos de los propietarios y tiene un coste de unos 1.000 euros. Es algo que ya han hecho algunas comunidades y, en otras que ya lo habían aplicado, se han echado atrás».

Las ordenanzas, en ‘stand by’

Desde hace un tiempo, también los ayuntamientos están tratando de poner límites y regular los pisos turísticos. En la Costa Daurada, de momento sólo tres municipios han aprobado una ordenanza para este tipo de actividad, pero ninguno de ellos la puede aplicar. Se trata de Salou, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant y Roda de Berà. En todos los casos, la patronal de los empresarios de apartamentos ha recurrido la normativa al considerar que los consistorios extralimitan sus competencias y que contravienen la normativa general. En el caso de Roda, la AAT ha llevado el caso al Tribunal Contencioso Administrativo.