El Tribunal de Cuentas estudiará qué dinero destinó el PSC de El Vendrell a su campaña electoral

Los grupos municipales de Primer El Vendrell y de Fem Vendrell, en la oposición, denuncian que el PSC, en el gobierno, utilizó para su campaña electoral parte del dinero de la aportación que reciben los grupos por parte del Ayuntamiento.

Esa subvención debe destinarse a gastos protocolarios, de formación, desplazamientos, alquiler de material (nunca compra) entre otros, pero está expresamente prohibido que se destine a financiar campañas electorales.

Primer El Vendrell y Fem El Vendrell ya se mostraron sorprendidos por el despliegue del PSC en la campaña. Denuncian que después de haber revisado facturas de 2023, «hay un montante de 17.729 euros que se emplearon en gastos de campaña electoral» como el alquiler del local, actos o pancartas, por lo que lo pusieron en conocimiento de la Oficina Antifrau.

Traslado al Tribunal

Los dos partidos explican que Antifrau, tras analizar la documentación, la ha considerado con indicios de perjuicio a las arcas públicas por lo que «ha dado traslado de esta información al Tribunal de Cuentas para que sea este órgano quien considere enjuiciar «la responsabilidad contable derivada de la gestión del dinero público».

Primer El Vendrell y Fem Vendrell señalan a Christian Soriano como responsable de la campaña electoral del PSC.

Soriano niega cualquier irregularidad y apunta que la justificación de las aportaciones al grupo municipal del PSC «están avaladas por la intervención municipal que concluye que todo se ajusta a la legalidad vigente».

Atribuye las acusaciones a una persecución personal. «Se han interpuesto en los últimos cinco años decenas de denuncias contra el PSC en órganos como la Fiscalía, Tribunal de cuentas, oficina Antifraude y Síndic de Greuges y en ninguna se ha demostrado alguna de las acusaciones. Se intenta ensuciar de nuevo al PSC con acusaciones falsas y absurdas».

Pero Lluís Navarrete (Primer El Vendrell) y Mar Vázquez (Fem Vendrell) denuncian que la campaña electoral socialista estuvo «topada contra sus rivales electorales, no sólo económicamente, sino también prohibiendo actos de campaña y aprovechándose de esta superioridad».

La Oficina Antifrau señala que una vez analizada la documentación y las alegaciones, «existen indicios suficientes y razonables para considerar que se ha producido un perjuicio real, identificable y evaluable en los caudales públicos del Ayuntamiento por 17.729 euros» al no destinar ese importe a lo que permite la Ley.

Por ello traslada la situación al Tribunal de Cuentas que es quien en última instancia debe, o no, judicializar la situación.

Navarrete y Vázquez reclaman la devolución de ese importe a las arcas públicas, además de una sanción. En todo caso, la cantidad retornaría al partido ya que es la que le corresponde como grupo.