El Hard Rock vuelve a ser debate en el Parlament

El Parlament ha aprobado tramitar por lectura única la proposición de ley de ERC y los Comuns para revertir los beneficios fiscales al Hard Rock. La iniciativa ha contado con el apoyo del PSC, ERC, los Comuns y la CUP, mientras que Junts, PPC, Vox y Aliança se han opuesto. Inicialmente, ERC y los Comuns habían presentado propuestas separadas, pero finalmente optaron por fusionarlas. La proposición busca reformar la ley para eliminar los privilegios fiscales aprobados en 2014, que permitían que el macrocomplejo pagara solo un 10% de impuestos sobre los ingresos del juego, en lugar del 55% que le correspondería. Este cambio fiscal fue uno de los acuerdos que el PSC suscribió con ERC y los Comuns para la investidura de Salvador Illa.

Una reforma para suprimir privilegios fiscales

La iniciativa de ERC y los Comuns tiene como objetivo eliminar los beneficios fiscales otorgados a los promotores del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou (Hard Rock). Estos privilegios se originaron en 2014, cuando se modificó la ley para favorecer al proyecto entonces conocido como Barcelona World, posteriormente rebautizado como Hard Rock.

La reforma de 2014 establecía que los macrocomplejos como Hard Rock pagarían un 10% de impuestos sobre ingresos del juego desde el inicio de sus operaciones, en lugar del 55% correspondiente. La propuesta actual plantea derogar artículos clave, como el 17 (rebaja fiscal), el 11 (créditos a clientes), el 15 (compensaciones a la Generalitat por el impuesto reducido) y el 18 (tributación específica sobre la tasa turística).

Reacciones en el Parlament

ERC: La diputada Raquel Sans defendió la propuesta como una medida para acabar con “una fiscalidad a medida” y “un privilegio ad hoc” para el casino. Justificó que no se impulsara antes debido a la oposición del PSC en legislaturas previas, pero destacó que ahora han cambiado de postura por la “aritmética parlamentaria”.

PSC: El diputado Jordi Riba consideró que el beneficio fiscal al macrocasino “no tiene sentido” y subrayó la importancia de una fiscalidad justa para todos los proyectos. Recordó que la medida estaba incluida en los acuerdos de investidura y reafirmó el compromiso del PSC de cumplirlo.

Comuns y CUP: Jéssica Albiach (Comuns) criticó el cambio de postura del PSC y ERC y señaló que el debate trata sobre si “Catalunya está en venta”. Por su parte, Laia Estrada (CUP) denunció que el proyecto solo busca “defender los intereses de los lobbies económicos” y exigió la revocación de la licencia del casino y el abandono del plan director urbanístico.

Junts y PPC: Mònica Sales (Junts) lamentó que los tarraconenses sean “moneda de cambio” y criticó que la tramitación exprés evite un debate con las partes implicadas. Pere Lluís Huguet (PPC) también rechazó la tramitación por lectura única, argumentando que “el territorio quiere el Hard Rock”.

El debate territorial

La reforma ha intensificado las tensiones territoriales. Mientras los defensores argumentan que eliminar los privilegios fiscales es una cuestión de justicia fiscal y sostenibilidad, los críticos alertan sobre el impacto en la economía local y la estabilidad jurídica del país. A su vez, las diferencias políticas sobre el futuro del proyecto han reavivado el debate sobre el modelo de desarrollo económico para Tarragona y Catalunya.