El Ayuntamiento de Salou plantea darle un uso público al edificio Miramar en el futuro

El futuro del edificio Miramar de Salou está en el aire. El inmueble, que se encuentra frente al Club Nàutic, entre el paseo Jaume I y el Espigó del Moll, se sitúa dentro del dominio público marítimo terrestre. Sin embargo, desde los años 60, gracias a una concesión administrativa se explota con locales de ocio y restauración. Una licencia que expiró el año pasado y que ya no tiene vigencia, aunque la actividad de los establecimientos continúa.

Los dueños de la concesión solicitaron una prórroga para poder mantener las actividades que se desarrollan actualmente en el edificio, con media docena de negocios a pleno rendimiento a los que arriendan los espacios. Sin embargo, la petición fue desestimada por parte de Costas, que ordenó el cierre del edificio. A partir de ahí, los concesionarios acudieron al tribunal contencioso administrativo, donde el asunto continúa judicializado a la espera de una resolución en firme.

El futuro del edificio Miramar llegó ayer al pleno del Ayuntamiento a raíz de una moción que presentó el partido municipalista USAP pidiendo su conservación. Una propuesta que fue rechazada por el equipo de gobierno por «extemporánea» y «falta de rigor».

Mantenerlo en pie

Aun así, el alcalde, Pere Granados, expresó su voluntad de que el edificio se conserve en pie una vez abandone sus actuales usos. Una propuesta que el gobierno local ya habría trasladado a la Dirección General de Costas y Medio Marino, del Ministerio de Transición Ecológica, que es quien tiene la última palabra sobre el futuro de este espacio. «Estamos por la labor de intentar preservar el edificio con una actividad cultural», expresó el alcalde.

«En el futuro, estamos de acuerdo en que aquel equipamiento se mantenga con un carácter público y cultural, pero la decisión final no nos corresponde a nosotros», explicó el concejal de Urbanismo, Hèctor Máiquez.

Sobre la situación de los actuales inquilinos que operan en el edificio, el alcalde aseguró que «estamos intentando que la Generalitat mantenga la situación de los usuarios de los establecimientos», pero reconoció que «todo tiene un final». «Tenemos que tener en cuenta la legislación, que es un edificio que se encuentra dentro de la ribera de mar y que viene vinculado por los actuales usos que se establecen para estos espacios. Algunos usos que se desarrollan actualmente son insalvables», aclaró.

Por otro lado, el edil detalló que, si en el futuro el edificio queda en manos municipales, habría que redimensionarlo. «La edificación original no se parece en nada a la actual, porque ha crecido de forma desmedida, sin ampararse en la normativa vigente por parte del Estado y de la Generalitat. Tendrá que haber una readaptación», aseguró.