Creixell, en la lista negra de municipios sin plan de emergencias para inundaciones
Las emergencias por inundaciones se gestionan a nivel local mediante los planes de protección civil, que deben estar recogidos en el Documento Único de Protecció Civil Municipal
La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha denunciado este lunes que sesenta municipios, donde residen alrededor de 700.000 catalanes, carecen de un plan de emergencias para inundaciones, a pesar del riesgo existente.
Esta conclusión proviene de un estudio encargado por la Defensora del Pueblo, quien, “preocupada” por los efectos del cambio climático, quiso evaluar el grado de cumplimiento de la obligación y recomendación de contar con estos planes de emergencia municipales.
Las emergencias por inundaciones se gestionan a nivel local mediante los planes de protección civil, que deben estar recogidos en el Documento Único de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Estos planes son obligatorios para los municipios con riesgo muy alto (205), alto (180) y medio (108) de inundación, así como para otros 28 municipios que, aunque tienen un riesgo bajo o moderado, podrían verse afectados por el funcionamiento o ruptura de una presa o embalse cercano.
En total, estos planes son obligatorios en 521 municipios (el 55 % del total en Catalunya), pero solo 206 (el 39 %) los han elaborado. Esto significa, señala la Síndica, que 60 municipios, donde viven unas 700.000 personas, no disponen de dichos planes.
Giménez-Salinas ha destacado que es “especialmente preocupante” que 17 municipios –que albergan a 460.000 personas– no tengan un plan de emergencias a pesar de estar clasificados como de “riesgo muy alto”. Entre estos municipios se encuentran Badalona, Badia del Vallès, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat, Palafolls y Rubí (Barcelona); Bellver de Cerdanya y El Pont de Suert (Lleida); Puigcerdà (Girona); y Creixell (Tarragona).
Ante este diagnóstico, la Síndica ha instado a “subsanar” las carencias detectadas y ha recomendado a los ayuntamientos que, pese a la obligatoriedad o recomendación, no han elaborado sus planes, que los desarrollen “sin más demoras”.
Asimismo, ha pedido a la Generalitat que refuerce la supervisión y el seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones, trabajando de forma coordinada con las cuatro diputaciones para brindar el apoyo necesario a los municipios, especialmente a los más pequeños y con menos recursos.