Prisión incondicional al jubilado detenido por el envío de cartas explosivas
Pompeyo G. P., exfuncionario de 74 años, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, que valora sus contactos con Rusia y la posibilidad de huir a aquel país
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó este viernes el ingreso en prisión incondicional del Pompeyo G. P., el exfuncionario de 74 años natural de Miranda de Ebro (Burgos) detenido por el envío de seis cartas con material explosivo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la embajada de Ucrania en Madrid, a las instalaciones de la empresa Instalaza, a la Embajada de Estados Unidos en Madrid y al centro de satélites Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
En un auto, el magistrado atribuye al acusado -que se acogió a su derecho a no declarar- seis delitos de terrorismo (uno por cada carta incendiaria enviada), dos de ellos agravados por ir dirigidas a altos miembros del Gobierno. Estos ilícitos van en concurso con un delito de fabricación y empleo de artefactos explosivos inflamables e incendiarios con finalidad terrorista.
La resolución analiza la doctrina sobre los delitos de terrorismo y explica que en este caso, aunque «no hay indicios de que el investigado pertenezca ni colabore con banda o grupo organizado terrorista alguno», las acciones que objetivamente se le imputan son el envío de seis sobres con cajas conteniendo sustancias explosivas en tres días diferentes, en un contexto en el que se produce una guerra en Ucrania y el perfil de los destinatarios de los paquetes.
Todo ello, añade el auto, evidencia que en su ánimo está presente «tanto el objetivo de alterar gravemente la paz pública, transmitiendo el mensaje de que nos encontramos ante una acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania, como obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Kiev».
Estas finalidades, según el magistrado, aparecen reafirmadas por la persistencia en la ejecución de estas acciones, y corroboradas de forma indiciaria por el contenido de las páginas webs consultadas por Pompeyo G. P., entre las que se encontraban Russiatoday.com; RT, portal de noticias ruso; www.armas.es, portal autodenominado «periódico digital mundial sobre armas en español»; www.química.es; y sputniknews.com (agencia de noticias rusa). El instructor recuerda que para acordar la medida de prisión provisional se debe ponderar si concurren riesgo de fuga, ocultación de fuentes de prueba y riesgo de reiteración delictiva. En el caso concreto, considera que la gravedad de los delitos imputados que podrían tener una pena de 20 años de prisión intensifica la tentación de huida.
Ayuda para la fuga
El auto señala que «la utilización de aplicaciones rusas de mensajería instantánea, como es VK, y correos electrónicos cifrados de extremo a extremo (Protonmail), así como la trascendencia de sus violentas acciones como medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania, pudieran facilitar su fuga a territorio ruso, recibiendo al efecto ayuda de ciudadanos de dicho país».
Calama también argumenta que existe un alto riesgo de reiteración delictiva sin perjuicio de que «el avance de la instrucción, y particularmente el informe de análisis de las sustancias explosivas utilizadas, aconsejen su modificación». Contra este auto se puede interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y de apelación, en el de cinco días.
Pompeyo G. P. residía en un piso de 42 metros cuadrados en la calle Clavel número dos de Miranda de Ebro. Es una persona muy activa en redes sociales y con conocimientos técnicos e informáticos, según informaron fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. El Ayuntamiento de Vitoria ha confirmado que fue funcionario de este consistorio hasta su jubilación en 2013.
Interior subrayó que la investigación ha sido muy «compleja y laboriosa», afectando a varias provincias de España, entre ellas Valladolid y Burgos, y la Comunidad de Madrid. Las diligencias han podido determinar que todos los envíos de las seis cartas se realizaron, no obstante, desde la capital burgalesa. Además, el pasado 3 de enero el juez acordó abrir una nueva línea de investigación en la causa para llevar a cabo una serie de pesquisas de carácter tecnológico.
Se trataría de conocer a fondo las actividades del detenido en sistemas telemáticos rusos, sobre todo el uso de mensajería instantánea y de correos electrónicos con mayor protección para ocultar la identidad.