Patronales y sindicatos de Tarragona avalan el pacto económico entre PSC y ERC

CEPTA, Pimec y UGT aprueban la mejora de la financiación prevista en el acuerdo para investir a Salvador Illa

El sector económico y empresarial de la demarcación de Tarragona avala el preacuerdo entre PSC y ERC para mejorar la financiación de Catalunya.

Así lo ponen de manifiesto en declaraciones al Diari patronales como la Cepta, la Pimec o el sindicato UGT, que de esta forma dan el OK al pacto que debe permitir que el socialista Salvador Illa sea el nuevo President de la Generalitat de Catalunya.

«La economía necesita estabilidad. El acuerdo es positivo, primero porque no se repetirán las elecciones y, asimismo, porque una mejor financiación es básica para intentar ser un país más competititvo y justo, tanto socialmente como económicamente», indica el presidente de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (Cepta), Xavier Rigau.

En la misma línea se expresa Francesc Pintado, presidente de la Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona (AEHT), quien sostiene que el sector considera que «es bueno todo lo que suponga mejorar los recursos del país y de los ciudadanos». A juicio del representante turístico, «es una negociación muy positiva para Catalunya», ya que la financiación actual «es injusta». Por ello, detalla que el cambio legislativo «será un cambio absoluto».

«No» a nuevas elecciones

Antoni Cañete, presidente de Pimec, lo tiene claro: «El preacuerdo de gobierno entre ERC y PSC es un paso positivo siempre y cuando permita configurar un gobierno fuerte y estable en Catalunya, evitando así una nueva repetición electoral que representaría un fracaso como hemos venido diciendo».

«La priorización de la financiación autonómica es una excelente noticia, ya que es fundamental para resolver de una vez por todas los déficits de financiación y tesorería con consecuencias muy negativas para el potencial económico y el bienestar social del país», añade el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa de Catalunya.

Desde PIMEC, junto con las principales organizaciones económicas y empresariales de Catalunya, «hace tiempo que reclamamos una autonomía financiera que permita la capacidad de gestión de los tributos y garantice el principio de ordinalidad», detalla Cañete, quien pide que «en estos momentos, desde el respeto a la democracia y la configuración de mayorías, pedimos a los diferentes partidos altura de miras y que prioricen los intereses del país por encima de los intereses partidistas para sacar adelante nuestra economía y garantizar el bienestar social».

Desde el Gremi de la Construcció, Joan Romeu considera que «teniendo en cuenta el déficit de inversiones y de financiación que se arrastra históricamente, cualquier mejora para Catalunya es positiva». Asimismo, Romeu detalla que «los pactos son buenos o malos en función del grado de cumplimiento que tengan en el tiempo».

Asimismo, Joan Llort, de la UGT, recuerda que «hace tiempo que se pide un modelo diferente», y considera que el pacto firmado ahora «es una mejora para todos los ciudadanos».

Cámaras de comercio: manifiesto en 2022

Por su parte, desde las cámaras de comercio de Tarragona y Reus se remiten al manifiesto que firmaron en el año 2022 junto a las otras 11 cámaras catalanas, Foment, Pimec, FemCAT, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, RACC, Barcelona Global y el Cercle d’Economia. .

En ese documento, el tejido económico reclamó una reforma «ambiciosa» del sistema de financiación territorial «basada en los principios de transparencia, equidad y eficiencia», en el marco «de la lealtad institucional».

En ese manifiesto se solicitaba «un modelo federal o un pacto fiscal que aseguraría un nuevo sistema de financiación acompañado de un mecanismo de solidaridad», lo que «sería beneficioso para Catalunya y el conjunto de comunidades autónomas.

Asimismo, en el texto se exigía que «aquellas comunidades como Catalunya, con una mayor densidad de población y potencial económico, reciban un volumen de inversiones proporcional a sus necesidades y el peso del PIB que tienen en el conjunto del Estado».

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