La reforma para eliminar la palabra 'disminuidos' avanza sin el apoyo de Vox

El Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de la iniciativa impulsada por el PP y el PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término disminuidos para sustituirlo por personas con discapacidad, con el voto a favor de todos los grupos y la abstención de Vox.

Con el respaldo de 315 diputados y la abstención de los 33 de Vox, se avanza hacia la que será la primera reforma social de la Carta Magna, reclamada durante décadas por la entidades de la discapacidad, que han aplaudido este martes desde las gradas de la Cámara Alta donde se ha celebrado el debate.

Durante el pleno, los grupos también han dado el visto bueno a la tramitación de la reforma por lectura única y sin necesidad por tanto de pasar por comisión por lo que podría ser aprobada ya el próximo jueves en el Congreso para remitirla al Senado.

«Este es el camino: dialogar y acordar para mejorar la vida de los ciudadanos, entendernos en lo que es indiscutible; cumplir la Constitución y reformarla para mejorarla también», ha aseverado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha cerrado el debate en el Pleno de este martes y que ha agradecido el apoyo de los grupos incluido el PP.

El líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el consenso para una reforma que hará que «la Constitución sea mejor y la política mejor», pero ha pedido no caer en la tentación de aprovecharla para «agendas partidistas» o para debilitar la Carta Magna.

En representación del PSOE ha intervenido el diputado Emilio Sáez, que fue vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI España y atleta paralímpico quien ha calificado este día de «histórico».

La única voz disonante la ha puesto la diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio quien cree que se está utilizando a las personas con discapacidad «para dar un golpe al estado de derecho y teatralizar una supuesta normalidad», y ha reprochado a Feijóo haber pactado con Sánchez «una reforma vil y miserable».

Tan solo van a presentar enmiendas el PNV y Sumar, en ambos casos para aprovechar la apertura de una reforma constitucional para incluir dos asuntos que no tienen relación con el artículo 49: en el caso del PNV, el derecho a decidir de Euskadi, y en el de Sumar, a través de Compromís, la recuperación del Derecho Civil valenciano.

Las dos serán analizadas por la Mesa del Congreso que se reúne este miércoles, aunque previsiblemente serán inadmitidas, al no ceñirse a la reforma del artículo 49 de la Constitución, han explicado fuentes parlamentarias.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha expresado su acuerdo con el fondo de la cuestión pero ha criticado las formas y las prisas en la tramitación para «no dejar tiempo suficiente para considerar la conveniencia de otras reformas constitucionales aunque no conciten las mayorías necesarias».

Para el portavoz de Sumar, Lander Martínez, la victoria de la reforma pertenece a las asociaciones a las que ha pedido disculpas por haberles fallado durante tantos años y ha lamentado el desmarque de la ultraderecha.

Otros socios de investidura han expresado su apoyo a la reforma y han renunciado a la posibilidad de presentar enmiendas como ERC. Su diputado Francesc Álvaro Vidal ha lamentado no obstante «el bipardismo de las lentejas, o las tomas o las dejas».

Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua ha propuesto abrir un debate «serio, sereno y profundo» sobre la «plurinacionalidad del Estado» y, en la misma línea, el diputado del BNG Néstor Rego cree que «como mínimo» sería necesario «un proceso global de reforma de la Constitución para avanzar en democracia».

Y la diputada de Podemos Noemí Santana ha defendido la «necesidad de perder el miedo en este país a reformar la Carta Magna» para adaptarla «a los nuevos tiempos».

Desde Junts, Marta Madrenas i Mir ha destacado la importancia de la tercera reforma de la Constitución, pese a que «llegue muy tarde» porque se elimina «uno de los aspectos rancios» de la Carta Magna y ha reclamado avanzar en salud mental y dotar de más recursos a la ley de dependencia.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha expresado en los pasillos de la Cámara Alta su «profunda alegría» al avanzar en una «conquista histórica» que en su opinión «no es patrimonio de ningún partido».