La ley 'trans' catalana prevé mediación a los 12 años si los padres rechazan tratamientos
Otras medidas que incluye la ley es el reconocimiento al acceso a la atención pública de este colectivo -menores y adultos- en situación administrativa irregular
El anteproyecto de la nueva ley 'trans' del Govern de Catalunya contempla que, entre los 12 y los 16 años, pueda haber una mediación si los padres del menor, de entrada, rechazan los tratamientos médicos para la transición.
El articulado del anteproyecto para la nueva Ley integral de reconocimiento del derecho a la identidad y la expresión de género ya está publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), abierto a consulta pública.
Este proceso, habitual en toda tramitación de leyes, tiene por objetivo la participación de la ciudadanía, entidades, colectivos no constituidos formalmente y de otros agentes sociales para identificar los principales estigmas y discriminaciones que sufren las personas transgénero en diferentes ámbitos de la sociedad y fijar las respuestas legales necesarias para revertir estas situaciones.
La ley reconoce el derecho a la identidad y la expresión de género de las personas trans y permite articular una serie de políticas públicas para garantizar sus derechos en los diferentes ámbitos de la sociedad (tanto públicos como privados), así como en todas las etapas de su vida (niños, adolescentes y jóvenes, o personas mayores).
En cuanto a los menores 'trans', la ley establece que tienen derecho a expresar su opinión y voluntad en la toma de decisiones, "siempre que tengan la madurez suficiente para formarse un juicio propio".
En este sentido, establece que antes de los 16 años debe haber consentimiento del menor y de sus padres o representantes legales; a partir de esa edad, ya no es necesario tener el visto y bueno de los progenitores.
Entre los 12 y los 16 años, la ley contempla la mediación si no hay acuerdo entre padres e hijo o hija ante el tratamiento.
"Como norma general, y especialmente en el caso de los mayores de 12 años y hasta que hayan cumplido los 16, debe asegurarse que la decisión final respete la opinión de la persona menor y que sea compartida con sus representantes legales. En caso de discrepancia, puede acudirse a mediación", destaca el texto.
El anteproyecto pasó el pasado 19 de diciembre por el Consejo Técnico de la Generalitat e iniciará próximamente su fase de información y audiencia pública para que se puedan realizar alegaciones al texto.
Una vez recogidas se hará el retorno de las alegaciones y el texto resultante pasará a deliberación del Consell Executiu para convertirse en Proyecto de Ley, momento en el que se enviará al Parlament para su debate y votación.
El proyecto está condicionado por el calendario electoral; habrá que ver si tiene el tiempo y los apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante antes de que termine la legislatura, pues las elecciones autonómicas están previstas para principios de 2025, si no hay adelanto.
Otras medidas que incluye la ley es el reconocimiento al acceso a la atención pública de este colectivo -menores y adultos- en situación administrativa irregular.
También garantiza "el derecho de acceso a las técnicas de reproducción humana asistida a todas las personas trans y con capacidad gestante y/o sus parejas".
Además, la Generalitat plantea un programa para atender la situación de aquellas personas trans expulsadas de sus hogares por su identidad de género o que se encuentran en situación de sinhogarismo.
También reconoce el derecho a la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) a aquellas personas transgénero entre 18 y 23 años víctimas de violencia por razón de identidad de género.
Asimismo, fija el principio de despatologización de las personas trans, a fin de que ningún derecho reconocido en la ley esté condicionado a la presentación previa de informes médicos o psicológicos.
Incluye medidas contra la transfobia y la intersexfobia, pues prohíbe explícitamente la apología, el fomento, la publicidad o la práctica de métodos o terapias de aversión o conversión, haciendo punible esta práctica también por la vía administrativa al ser considerada una infracción muy grave.