La deuda bancaria baja un 9% en Reus pero sube en Tarragona y Valls
La capital rompe la tónica general con un 1,69% de aumento. Cunit, el municipio con más deuda por persona (2.697 euros)
La deuda de los ayuntamientos en Tarragona se va reduciendo poco a poco y a ritmos distintos en función de la localidad. Los consistorios recortaron la deuda financiera en 72 millones durante el año pasado. Se ha pasado de los 1.038 millones que se debían a 31 de diciembre de 2013 a los 966 de la misma fecha de 2014, lo que supone un recorte al endeudamiento de un 6,9%. Pese a todo, la cifra continúa siendo más elevada de la que se registraba a finales de 2012, cuando el dato era de 955 millones. Tarragona sigue una dinámica similar a la tendencia general en España.
Según los datos del Ministerio de Hacienda recién publicados, la deuda viva bancaria de los municipios ascendía en España a 31.722 millones, un 9,6% menos que en el año anterior. Se incrementó en 347 el número de poblaciones que a día de hoy no deben ni un euro al banco. Hay 3.436 consistorios que pueden presumir de no tener cuentas pendientes. Son el 42% de los 8.118 municipios de España, aunque sólo suman 2,6 millones de habitantes.
En Tarragona es posible hallar algunas inercias positivas. La lista de localidades cuyo pasivo por habitante supera los 2.000 euros ha pasado de siete a seis. Eso sí, no hay cambios en el ranking de los más endeudados. Cunit sigue en primera posición, aunque ha pasado de los 2.856 euros de deuda por habitante a los 2.697.
Mejoras en Creixell y L’Ametlla
También ha conseguido sanear Creixell, pasando de los 2.732 euros per cápita a los 2.617. L’Ametlla de Mar desbanca a Reus en el tercer escalón del podio. Mientras ‘la Cala’ tiene una deuda de 2.531 euros por vecino, la capital del Baix Camp arrastra una de 2.474. La quinta posición es para El Vendrell (2.229 euros). Esas cinco poblaciones han logrado, sin embargo, reducir la deuda durante el año pasado, la tónica general. Hasta 161 municipios, el 87,5% del total, vieron mermar su endeudamiento en 2014, por las 23 poblaciones tarraconenses que incrementaron ese dato.
Entre los diez principales municipios de la provincia domina la desigualdad. Si Reus ha conseguido bajar deuda en un 9% en sólo un año, la capital, Tarragona, la ha visto aumentar, en concreto en un 1,69%. Otros municipios como El Vendrell (1,35%) o Tortosa (5,77%) también van en la línea de sanea r sus cuentas, aunque la reducción del endeudamiento es más acentuada en grandes poblaciones de la costa como Cambrils (10,55%), Salou (16,96%), Calafell (7,12%) o Vila-seca (9,66%). Junto a la capital, hay otras dos poblaciones de entre las más importantes que han subido la deuda. Son Amposta (un 2,11% más) y Valls (un 4,12%).
Otros municipios grandes como Sant Carles de la Ràpita, Torredembarra, Mont-roig, Deltebre, Alcanar, Roquetes, Altafulla o Montblanc también han visto mermar el montante que le deben a los bancos. En cambio, en Ulldecona, Les Borges del Camp, Camarles, Vilallonga del Camp, Vinebre o Riudoms ha subido.
El año 2014 fue la culminación de una legislatura llena de planes de ajuste y de obligados recortes en los presupuestos de los ayuntamientos. Hacienda sostiene que la mejora en las cuentas públicas es consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha hecho elevar el control del gasto sobre los municipios. En 2014, los ayuntamientos tenían el objetivo de cerrar el ejercicio en equilibrio. Sin embargo, acabaron registrando un superávit de 5.616 millones de euros, cifra que equivale al 0,5% del PIB. Eso permitió paliar el desvío registrado en las comunidades autónomas y facilitó que el conjunto de la administración cumpliera el objetivo de déficit. La legislación vigente limita el margen de maniobra de los alcaldes y obliga a destinar la mayor parte del superávit a amortizar deuda. La legislatura recién comenzada testará la evolución de la deuda municipal y cómo la gestionan las nuevas fuerzas que han accedido a los gobiernos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o de Madrid, Manuela Carmena, ya han mostrado su intención de aprovechar el saldo positivo entre ingresos y gastos para elevar las partidas sociales.