Gobierno y PSOE rematan el pacto para delegar a Catalunya las competencias en inmigración
El acuerdo, encallado desde hace meses por discrepancias sobre quién controlará las fronteras, se dará a conocer esta semana -Las partes evitan adelantar cómo se solventarán las cuestiones más polémicas como las órdenes de expulsión
El PSOE y Junts prevén anunciar de forma «inminente», según confirman fuentes socialistas, el acuerdo para delegar a la Generalitat de Catalunya las competencias sobre inmigración. Después de más de un año de tira y afloja y de varios meses en los que ambas formaciones aseguraban tener «muy avanzadas» las conversaciones pero en los que se mostraron incapaces de limar su discrepancia en torno a tres asuntos críticos, los dos partidos han logrado encarrilar las conversaciones y tienen intención de escenificar su pacto esta misma semana.
Las cuestiones más peliagudas y polémicas de la negociación, y las que más tiempo ha llevado resolver, estaban relacionadas con quién asumiría el control de las fronteras, a quién correspondería la expedición de documentos de identidad para inmigrantes o quién tendría la capacidad de dictar expedientes de expulsión. Ni el Ejecutivo ni los posconvergentes adelantan, por ahora, cuál es exactamente la solución a la que se ha llegado para lograr satisfacer a ambas partes.
Los socialistas siempre han mantenido que ni la Constitución ni la Unión Europea permitirían que los Mossos d’Esquadra asumieran de maneara exclusiva la tarea de vigilar las fronteras, sustituyendo a la Policía Nacional y la Guardia Civil, como exigía el partido de Carles Puigdemont. En el tramo final de las conversaciones, en todo caso, se han explorado, según informaron en su momento fuentes de la negociación, fórmulas inspiradas en el modelo de Baviera, con una policía de fronteras propia que actúa de manera coordinada con las autoridades federales y, en realidad, bajo su batuta.
25.000 Mossos más La semana pasada, como allanando el camino, el Gobierno y la Generalitat ya confirmaron un acuerdo para ampliar, de aquí a 2030, la plantilla de los Mossos d’Esquadra de los en torno a 19.000 actuales hasta los 25.000 agentes y un plan de choque para crear 60 nuevas plazas de jueces en Catalunya.
El pasado 10 de febrero, la consejera catalana del Interior, Núria Parlon, también anunció que la policía autonómica asumirá en septiembre la seguridad ciudadana de puertos y aeropuertos, como ya tiene la Ertzaintza en el País Vasco, pero ese asunto se vendió como ajeno a las negociaciones con Junts, para quien la medida resultaba abiertamente insuficiente.
La noticia de que esta vez sí hay, salvo sorpresa de último minuto, un entendimiento llega poco más de una semana después de que Puigdemont accediera a retirar, 24 horas antes de su debate en el pleno del Congreso, la proposición no de ley que instaba a Sánchez a plantear una cuestión de confianza, una suerte de espada de Damocles sobre la legislatura.
El argumento para hacerlo se lo propició el verificador internacional que ha supervisado las negociaciones mensuales de Suiza entre ambos partidos, el salvadoreño Francisco Galindo Vélez En un atípico comunicado, firmado en Cartagena de Indias, Galindo advirtió de que, de pulsar ese botón, se dinamitaría el «escenario» que estaba a punto de abrirse y se frenarían «los avances» logrados en «los temas más sensibles» trabajados hasta la fecha.
Ese texto ya dio pues una pista de que la que negociación podría llegar a buen puerto en un plazo relativamente breve de tiempo. Pero las relaciones del PSOE con Junts han sido siempre tan tormentosas que nadie se atrevía a vaticinar la ‘fumata blanca’ hasta hoy 3 de marzo.