Girona: Unos ocupas ‘echan’ a una familia de su casa tras demostrar que malviven en ella

Un caso de ocupación ilegal ha sumido a Jordi Riera, vecino de Girona, y a su familia en una situación de desesperación e impotencia, han explicado varios medios de comunicación.

Este incidente no solo ha expuesto las carencias de la legislación actual, sino también la falta de respaldo institucional y una respuesta insuficiente por parte del gobierno municipal de Girona, liderado por la CUP, Esquerra y Junts.

La situación denunciada en Girona también tuvo un episodio similar en 2020 en Vilafortuny, cuando un vecino se encontró la casa ocupada por una familia con dos adolescentes y tuvo que vivir en una pensión hasta que se resolvió el caso. La Justicia devolvió la propiedad 8 días más tarde.

En el caso de Girona, explica el afectado, todo comenzó cuando esta familia visitó su propiedad, que llevaba meses cerrada mientras esperaban una licencia del Ayuntamiento para iniciar obras. Aunque la vivienda estaba protegida, ya había indicios de un intento de ocupación previo, como el destrozo de una pared. Mientras inspeccionaban el estado del lugar, un grupo de hombres apareció intentando acceder. Aunque la familia logró evitarlo en ese momento, los hombres comenzaron a amenazarlos, lo que obligó a Riera a llamar al 112 y alertar a la policía.

La intervención policial favoreció a los ocupantes

Sin embargo, lejos de resolver la situación, la llegada de la policía complicó aún más las cosas. Contra todo pronóstico, los agentes permitieron que los ocupantes entraran en la vivienda. Una vez dentro, los intrusos aplaudieron en un gesto de burla hacia los propietarios. A pesar de que Riera presentó las escrituras de la propiedad como prueba, los ocupantes únicamente mostraron un vídeo donde aparecían cocinando con unas ollas, admitiendo además que habían forzado la entrada. La policía informó a la familia de que podrían ser acusados de allanamiento de morada en su propia casa y les recomendó abandonar el lugar.

Los ocupantes, bien vestidos y equipados con teléfonos móviles de alta gama, fueron identificados, algunos con pasaportes de Marruecos y otros con NIE, pero esto no impidió que permanecieran en la vivienda. Esa misma noche, vecinos escucharon golpes y ruidos provenientes de la casa, lo que incrementó la preocupación de la familia por el estado de su propiedad. «Nos han informado de que más personas podrían haber entrado. Ahora mismo, no sabemos qué está ocurriendo dentro de nuestra vivienda», señaló Riera con angustia.

Obstáculos burocráticos y lentitud judicial

Tras presentar una denuncia ante el juzgado de guardia, Riera descubrió que no era el único afectado por este tipo de situaciones. Ese mismo día se tramitaron otros dos casos de ocupación, pero la lentitud del sistema judicial agravó su frustración: «Después de 24 horas, el juzgado aún no había recibido el atestado policial», comentó.

La Policía Municipal les informó de que debían declarar para continuar con el proceso, algo que no se les había comunicado previamente. Además, los Mossos d’Esquadra, encargados de estos casos, solo trasladan las denuncias de ocupación al juzgado los miércoles, lo que prolonga aún más el proceso.

Indiferencia vecinal y falta de empatía

Riera también lamenta la indiferencia de algunos vecinos. «Nos han dicho que ‘si no molestan, no es un problema’. ¿Qué significa eso cuando se trata de la usurpación de tu propia casa?», cuestionó. Además, algunos minimizaron la gravedad de la situación al sugerir que no deberían haber llamado a la policía, a pesar de haber sido amenazados directamente.

Una legislación insuficiente y urgente de reformar

El caso ha puesto en evidencia las fallas de un sistema legal que, según Riera, prioriza los derechos de los ocupantes sobre los de los propietarios. «Es incomprensible que no podamos reclamar daños y tengamos que asumir todos los costes legales», señaló con indignación. Por ello, ha pedido reformas urgentes que introduzcan procedimientos exprés para resolver este tipo de casos de manera eficaz.

A través de redes sociales, Riera ha pedido apoyo y consejo para recuperar su vivienda. Algunas personas ya han mostrado su solidaridad e incluso han comenzado a organizarse para protestar frente a la casa ocupada hasta que los intrusos la abandonen.

Reacciones políticas y protocolo en camino

El alcalde de Girona, Lluc Salellas (CUP), se ha puesto en contacto con Riera y ha prometido investigar la actuación policial. Además, informó que el consistorio está trabajando en un protocolo para estos casos, aunque su implementación podría demorarse. Políticos de Junts y Aliança Catalana han expresado su apoyo a la familia y demandado reformas legislativas que refuercen la defensa de la propiedad privada, considerada un pilar fundamental del estado de bienestar.

Este caso es un ejemplo más de un problema que afecta a numerosos ciudadanos y evidencia la necesidad urgente de medidas legislativas y administrativas que protejan los derechos de los legítimos propietarios.