Empieza el 'día D': la Ley Mordaza entra en vigor
La pasada medianoche entró en vigor la nueva ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza', norma que está recurrida ante el Constitucional por casi toda la oposición y criticada por decenas de colectivos sociales.
Hoy mismo el Defensor del Pueblo mostró su preocupación por la posible "extralimitación policial" que podría amparar la nueva normativa, y pidió cautela y mesura a los agentes a la hora de aplicar las nuevas sanciones que van de 100 a 600.000 euros.
La lista de multas y actuaciones proscritas a partir de mañana es muy extensa. Muchas de las sanciones limitan, según los denunciantes, la libertad de manifestación. Nada de protestar al estilo 15M en las inmediaciones del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, como ayer mismo hizo Greenpace colgándose de una grúa junto a la cámara baja. Se trata de una "perturbación grave de la seguridad ciudadana" y son hasta 30.000 euros de multa. Y hablando de Greenpace, su famosas protestas en altura como colgarse de las chimeneas de las centrales nucleares, son a partir de ahora castigadas con 600 euros. Si los activistas 'verdes' además se hubieran dedicado a grabar la actuación de los agentes que los detenían a esa multa tendrían que haber sumado otro pico de entre 600 y 30.000 euros
Pero con la entrada en vigor de la 'ley mordaza' no hace falta protestar en las alturas. También a ras de suelo. Participar en una sentada no permitida se sancionará con entre 100 y 600 euros si interrumpe el tráfico. La misma multa por participar en una asamblea no autorizada en la vía pública o por hacer una protesta 'okupando' un inmueble, aunque sea de titularidad pública como un colegio o un hospital. Y eso si la protesta no va más allá. Porque si de lo que se trata es de bloquear un desahucio el castigo puede ser mucho mayor, hasta 30.000 euros, en tanto en cuanto los manifestantes "obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales"
Importantes sanciones para los participantes, pero mucho más cuantiosas para los organizadores y promotores de esas protestas clandestinas. Éstos pueden, incluso, incurrir en "sanciones muy graves" (hasta 600.000 euros de multa) sin convocan manifestaciones no comunicadas en infraestructuras o instalaciones públicas en la que se prestan servicios básicos para una comunidad, como podría ser por ejemplo protestar en una televisión pública. Pero es la misma multa que tendrán los que se dediquen a difundir, por ejemplo a través de las redes sociales, la convocatoria de esa protesta no comunicada. Podrían ser sancionados aunque ni siquiera asistieran a esa marcha o concentración.
Multas también por participar en una marcha autorizada si el manifestante a lo que se dedica es a tratar de boicotear el acto con consignas contrarias o a salirse del recorrido oficial. La "perturbación de desarrollo de una reunión o manifestación lícita" cuando no se cometa un delito podría ser una infracción grave y por tanto susceptible de ser castigada con entre 600 y 30.000 euros.