El Supremo anula dos proyectos en Barcelona por incumplir el 25%

El Tribunal Supremo anuló ayer los proyectos lingüísticos de dos colegios públicos de Barcelona y Abrera (Barcelona) por no contemplar en sus planes educativos el español como lengua vehicular junto con el catalán. El Alto Tribunal ratifica de esta forma los argumentos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que había anulado la planificación de ambos centros por no contemplar el modelo de conjunción lingüística o bilingüismo escolar.

Unas anulaciones que la Consejería de Educación catalana recurrió y que dejaron sin efecto las sentencias del TSJC, que reconocía a los demandantes «el derecho de sus hijos menores a recibir una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable». Ahora, el Alto Tribunal, en dos providencias casi idénticas, ni tan siquiera admite a trámite los recursos del Govern contra las dos resoluciones del TSJC de marzo de 2021. También impone a la administración catalana 1.000 euros de costas por cada una de las sentencias.

A estos dos planes lingüísticos anulados por el TSJC le siguieron otros que también fueron recurridos por la Generalitat. Todo ello con el objetivo de ganar tiempo. Pero la inadmisión a trámite del recurso de casación que el Govern presentó descompone la estrategia de la Consejería, que durante este tiempo ha intentado alargar la viabilidad de los proyectos lingüísticos de unos colegios que ahora deberán rehacer sus planes.

Se trata de la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia en este frente. Y lo hace cuando el Constitucional aún tiene pendiente resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC sobre la nueva ley catalana de uso de las lenguas en las escuelas aprobada hace unas semanas con el apoyo de independentistas, comunes y el PSC.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) –que asesoró a los padres de los alumnos–, por su parte, instó a la Generalitat a adoptar medidas. «El Supremo confirma que el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular. Seguimos», rezaba el tuit que publicaron. La presidenta, Ana Losada, valoró «muy positivamente estas providencias porque demuestran que independientemente de que estemos bloqueados con el 25 % los centros deben programar asignaturas en castellano». «La gente se ha pensado que el 25 % no es válido», lamentó Losada, que ha recordado que el castellano «es lengua vehicular en la escuela catalana» porque lo marca la ley.

En las sentencias de marzo de 2021 recurridas por la Generalitat, se reconocía a las familias «una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable» que «en defecto de su concreción» se debe fijar en un mínimo del 25%.