El sector económico de Tarragona pide estabilidad al próximo gobierno

Patronales o cámaras de comercio de la provincia esperan que el pacto de investidura entre PSOE y Junts dé confianza a inversores y empresarios

Estabilidad y confianza son quizás las palabras más repetidas por una parte del sector productivo de Tarragona alrededor del nuevo acuerdo de gobierno. El tejido económico de la provincia no se moja a la hora de valorar las derivadas políticas del pacto entre el PSOE y Junts pero sí celebra que se constituya un nuevo ejecutivo que dé carpetazo a meses de temporalidad y provisionalidad. También se ve de forma positiva que no haya repetición electoral. Así se expresan, por ejemplo, las Cambras de Comerç de Tarragona y Reus, que defienden que el entente alanzado para investir de presidente a Pedro Sánchez puede beneficiar a las empresas por la estabilidad política que debería generar.

La presidenta de la entidad tarraconense, Laura Roigé, asegura que «estamos satisfechos del acuerdo por la investidura. Ojalá genere la estabilidad política que necesita el país para que se fortalezca la economía y se puedan afrontar los retos de futuro en todos los ámbitos». Respecto del acuerdo que prevé impulsar el retorno de la empresas a Catalunya, Roigé señala que «es imprescindible un marco de estabilidad y unas garantías jurídicas que faciliten el funcionamiento de las empresas y recuerda que, más allá de que exista dicho marco, la decisión de si regresan o no es en último término de las propias empresas».

El presidente de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, Mario Basora, se muestra prudente a la hora de valorar el pacto. «La Cambra es respetuosa con todos los procesos democráticos y acepta el acuerdo que conllevará nueva presidencia», afirma Basora. Aunque no ha entrado a juzgar específicamente el detalle del acuerdo ni sus consecuencias políticas, sí que ha subrayado como un paso importante que al fin se haya desencallado una situación de transición que ha durado meses. «Tras estos meses de incertidumbre, esperamos que esta nueva etapa lleve decisiones acertadas en beneficio del tejido empresarial», concluye.

En una línea similar, el presidente de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), Xavier Rigau, valora «positivamente» el hecho de que se haya llegado a un pacto. Asegura que «desde el punto de vista de garantizar una estabilidad, es preferible a unas nuevas elecciones, que habrían generado más inestabilidad y durante un periodo más largo de tiempo».

Rigau no quiere entrar a valorar las connotaciones políticas del propio acuerdo. De hecho, señala que «nosotros no nos metemos en política porque nuestro trabajo es la economía». Eso sí, ve con buenos ojos que la incertidumbre haya quedado atrás: «La economía necesita estabilidad para poder tirar adelante y dar confianza a inversores y empresarios». Por todo ello, asegura que el pacto garantizará esta estabilidad, además de permitir un marco jurídico claro.

El presidente de la CEPTA subraya también que precisamente esta es la posición que han pactado con Foment del Treball Nacional y la CEOE. «La CEOE está en contra de la amnistía, pero Foment y la CEPTA no la valoramos ni positivamente ni negativamente», puntualiza.

La patronal de la pequeña y mediana empresa, Pimec, exige la formación de gobierno de la forma más rápida posible después de hacerse público el acuerdo. «Necesitamos un gobierno lo antes posible y lo más estable posible», expresa el presidente de la patronal, Antoni Cañete. En cuanto a la ley de amnistía, uno de los puntos clave del acuerdo de legislatura entre independentistas y socialistas, el dirigente patronal avala que «los problemas políticos se resuelvan en el ámbito que le son propios, que es la política» y «siempre que se haga desde la legalidad». PIMEC ya se había posicionado previamente a favor de la amnistía.

El líder de la organización empresarial que defiende a las pequeñas y medianas empresas ha reclamado que se produzca una investidura pronto para «generar la confianza que permita inversiones y el desarrollo normal de la economía». Cañete puntualiza que guarda un «respeto absoluto» por los acuerdos que lleguen los partidos después de las elecciones para formar mayorías.

Por su parte, Foment del Treball apoya en un comunicado el hecho de que las negociaciones hayan llegado a buen puerto finalmente. «Tras el anuncio del acuerdo entre el PSOE y Junts, y teniendo en cuenta que sólo se conoce el texto publicado, Foment del Treball quiere expresar su visión favorable al punto que trata sobre ‘un plan para facilitar y promover el retorno en Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación en otros territorios en los últimos años’», dice el comunicado.

La patronal recuerda que «en repetidas ocasiones el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha insistido en la necesidad del regreso de estas compañías, porque es en Catalunya donde deben estar». «La patronal catalana sólo puede añadir que la condición necesaria para el retorno de las empresas a Catalunya es la suma de la estabilidad y la seguridad jurídica para favorecer un clima social y económico que promueva la confianza necesaria por la atracción de inversiones y la mejora de la productividad del país», concluye la patronal. El argumento enlaza con una parte del argumentario político que habla de devolver la estabilidad y mejorar la convivencia en Catalunya.

Otros agentes del escenario económico tarraconense prefieren ser más cautos y esperar a que se forme un gobierno y se empiecen a tomar decisiones para valorar. Algunas entidades consultadas también han declinado posicionarse por tratarse de contenidos políticos y prefieren mantenerse al margen.

Desde el punto de vista sectorial, Josep Lluís Aymat, presidente de la Federació d’Autotransport de Tarragona (Feat), indica que «no hacemos valoraciones de un acuerdo político» y «esperaremos a que se tomen medidas concretas y que se vayan desarrollando». Pero, de la misma manera que otros actores, también festeja que «estamos pendientes de que se forme un gobierno para al menos tener un interlocutor al que poder dirigirse, eso siempre es importante, y así nos ahorraremos que nos digan que no pueden tomar decisiones porque están en funciones».

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