El «no» de Podemos complica que se apruebe el pacto migratorio de PSOE y Junts
El pacto migratorio es uno de los puntales de la cooperación entre los dos partidos
Podemos ha avanzado este martes que votará en contra del pacto migratorio alcanzado entre PSOE y Junts, lo que complica que pueda salir adelante en el Congreso la ley que daría a la Generalitat catalana la competencia en la devolución de extranjeros.
La gestión integral por la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que los Mossos colaboren con Policía y Guardia Civil en las fronteras de puertos y aeropuertos catalanes son otros dos aspectos controvertidos de la proposición de ley registrada conjuntamente por PSOE y Junts a primera hora de este martes.
El pacto migratorio es uno de los puntales de la cooperación entre los dos partidos, que mantienen una ronda de negociaciones en Suiza, y se ha desencallado una semana después de que los liderados por Carles Puigdemont retiraran su propuesta de una cuestión de confianza parlamentaria a Pedro Sánchez.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lamentado que los socialistas alcancen un acuerdo con un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha (Aliança Catalana) y el secretario de organización, Pablo Fernández, lo ha llamado directamente «pacto racista».
Para salir adelante en la Cámara Baja la ley orgánica necesitará 176 síes, la mitad más uno de los escaños del hemiciclo, y si Podemos une su rechazo a los de PP, Vox y UPN alcanzarían los 175 noes, que lo impedirían.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en Barcelona, al visitar el MWC, que supondría una humillación sin precedentes y profundizaría en el desmantelamiento del Estado, mientras la secretaria general, Cuca Gamarra, ha llamado a Sánchez «pelele» de Puigdemont por este nuevo pacto.
«Están entregando España a plazos», ha apuntado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, mientras el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, lo ha llamado «pacto criminal» contra la unidad nacional de España; y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cree que estaría «al margen de la ley».
Lo creen también las asociaciones de guardias civiles y policías, que han pedido que dimita el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras considerar inconstitucional el traspaso de estas competencias, algo en lo que no están de acuerdo desde Sumar, según ha señalado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, en TVE.
Díaz ha explicado que la competencia seguirá siendo del Estado, aunque se delegue la gestión a la comunidad autónoma, por lo que se respeta tanto la Constitución, que lo prevé en el artículo 150, como el marco europeo.
No obstante, no ha adelantado si Sumar dará un sí en el Congreso a la iniciativa acordada por su socio de gobierno, aunque desde este grupo algunos diputados han avanzado que tratarán con enmiendas de enriquecer el texto, que ven como un buen punto de partida.
Tampoco ha precisado aún ERC que votará, y mientras Pere Aragonès, expresidente del Govern, ha dicho en TV3 que tener más competencias para el país siempre es positivo, el portavoz del grupo en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tuiteado que es necesario que esas competencias «se utilicen bien».
En un análisis de la proposición de ley, sin definir todavía su postura, según han indicado a EFE, se encuentran otros partidos, como EH Bildu, BNG y CC.
Puigdemont, en una rueda de prensa telemática, ha valorado que la Generalitat pueda adquirir «una competencia que normalmente ejercen los estados», lo que hará que Catalunya esté «mucho más preparada para su futuro como nación».
El expresidente catalán llama a aprovechar el tiempo para prepararse, toda vez que la ley fija seis meses tras la entrada en vigor.
Las competencias las asumiría un Govern en manos esta legislatura del PSC, con Salvador Illa al frente.
Illa no ha hecho una referencia expresa al pacto durante un discurso sobre la Sindicatura de Cuentas, pero sí ha apuntado que las competencias siempre serán ejercidas con el máximo rigor y responsabilidad.
«Cualquier avance competencial y mejora del autogobierno es siempre bienvenido», ha añadido.
Ni la ministra portavoz, Pilar Alegría, ni la titular de Migraciones, Elma Saiz, han avanzado en la rueda de prensa en la Moncloa posterior al Consejo de Ministros si el pacto allana el apoyo de Junts a los presupuestos del Estado, como tampoco lo ha hecho Puigdemont.
Saiz ha hecho hincapié en el respeto a la Constitución de una delegación de competencias del Estado a una comunidad y en matizar que no se cede el control de fronteras a los Mossos, porque el cuerpo catalán cooperará y colaborará con la Policía y la Guardia Civil.
Ninguna otra comunidad ha pedido esta competencia, según ha dicho Saiz en Madrid, al tiempo que la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, del PNV, ha dicho que examinan con gran interés el acuerdo entre PSOE y Junts, y que lo tendrán «muy en cuenta» para analizar la petición de nuevas competencias.