El juez del caso Koldo admite que el PSOE se persone como acusación particular
La condición es que deberá abonar una fianza de 5.000 euros
Tras entrar como acusación en la investigación al empresario Víctor de Aldama por un presunto fraude de hidrocarburos, el PSOE también ha sido admitido en el denominado caso Koldo, la presunta trama de comisiones en contratos de mascarillas, si abona una fianza de 5.000 euros en diez días.
El juez Ismael Moreno ha admitido la personación de los socialistas como acusación popular en la causa que dirige en la Audiencia Nacional y de la que el Tribunal Supremo ha reclamado una parte determinante.
El Supremo investiga por este procedimiento al exministro de Transportes José Luis Ábalos, dada su condición de aforado por ser diputado, y ayer acordó asumir también la investigación a su exasesor Koldo García y al considerado comisionista Víctor de Aldama, respecto a hechos que tengan relación directa con el exdirigente socialista.
No obstante, señaló que el juez de la Audiencia Nacional debía seguir investigando al resto de implicados y también aquellos hechos atribuidos a García y De Aldama que no tuvieran conexión con Ábalos, como delitos contra Hacienda o blanqueo.
Por el momento, el juez Moreno, aparte de admitir al PSOE, ha citado en una semana, el próximo día 10, a todas las acusaciones populares para que se pronuncien sobre la posibilidad de unificarse, como prevé la ley, para evitar que se vea afectado el buen orden de las diligencias o el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas.
Además de en el caso Koldo, el PSOE solicitó personarse en el conocido como caso Hidrocarburos, que afecta al empresario De Aldama, quien salió de prisión preventiva hace unas semanas tras prestar declaración voluntaria y afirmar que ganó y pagó comisiones a Ábalos y a varios dirigentes socialistas, que desde el partido negaron.
El juez que investiga el caso Hidrocarburos, Santiago Pedraz, también aceptó al PSOE, en su caso previo pago de 10.000 euros de fianza.
No obstante, esta investigación, que gira en torno a un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros, se mantiene bajo secreto de sumario, de modo que las acusaciones, a excepción de la Fiscalía, no pueden acceder al caso hasta que no se alce el secreto.