Desconvocada la huelga en las cárceles catalanas tras un acuerdo con el Govern valorado en 30 MEUR

El Govern y los sindicatos de prisiones han llegado esta madrugada del viernes a un acuerdo que ha permitido desconvocar las dos jornadas de huelga previstas para este mismo viernes y para el próximo 11 de mayo. El acuerdo, según ha informado el Departament, implica mejoras laborales y de seguridad para los trabajadores penitenciarios por valor de 30 millones de euros aproximadamente. Habrá mejoras salariales y de jornada laboral, más medidas de seguridad y más formación. UGT, CCOO, IAC-CATAC e intersindical habían convocado la huelga a raíz de la muerte en marzo de una cocinera de la prisión de Mas d’Enric a manos de un recluso. Los sindicatos CSIF y ACAIP se habían desmarcado de la huelga.

Algunas medidas acordadas implican mejoras retributivas, mejora de los turnos horarios y compactación de la jornada laboral. Así, por ejemplo, el personal de vigilancia hará ciclos de seis días: dos de trabajo y cuatro de libranza.

Otros puntos del acuerdo, según los sindicatos, son la revisión y modificación de una circular del 2017 sobre la aplicación del régimen cerrado, la sustitución de los internos en las cafeterías por personal externo, la formación en defensa personal para todos los trabajadores penitenciarios.

También habrá cambios en la dotación, como la sustitución de todos los equipos de intervención a lo largo del 2025, y sistemas de seguridad con una nueva partida de radiotransmisores y la incorporación de pulsadores personales para todos los trabajadores que no lleven radiotransmisor, además de la renovación de los equipos de respiración autónoma. Se harán mejoras en las equipaciones y se adecuarán los centros a los estándares tecnológicos actuales.

Se hará un estudio para conseguir escáneres corporales, se revisarán los protocolos de emergencia y seguridad, así como el procedimiento disciplinario y sancionador. Se hará una valoración de las situaciones de más riesgo donde será obligatorio trabajar en binomios, tanto en el área de régimen interior como rehabilitación. También se hará una prueba piloto para la detección e inhibición de drones y telefonía móvil, los enseres cortantes se fijarán a las mesas de trabajo y la materia prima se adquirirá ya cortada.

En cuanto a mejoras laborales, se ampliará la bolsa de trabajo a un mínimo de 500 efectivos, así como de las futuras convocatorias. Para el personal de régimen interior, los incrementos retributivos suponen un incremento del 13% al 22% del complemento específico, cosa que puede aumentar el salario en unos 10.000 euros anuales. También se pagarán mejor las horas extras y cuando se trabaje en festivos o noches.

Para el personal de administración se prevén incrementos de un 13% al complemento específico, se implantará el teletrabajo en iguales condiciones que el resto de personal de la Generalitat, y se hará una progresiva reconversión de los puestos de trabajo de administrativo y de auxiliar de administrativo en puestos de trabajo genéricos de oficina.

Para el personal de rehabilitación se prevé un incremento del 13% del complemento específico y se equiparará salarialmente a los trabajadores sociales y los educadores sociales, así como sus mandos.

Otras medidas que prevé el acuerdo son las políticas de igualdad de género, la creación de una Escuela de Formación Penitenciaria y de un cuerpo especial del ámbito penitenciario, medidas para el personal mayor de 55 años como por ejemplo la no asignación de tareas de protocolo de seguridad o asignación a módulos o áreas de especial conflictividad, y la elaboración de un catálogo para determinar lugares nuevos para la segunda actividad. Finalmente, habrá más formación especializada e itinerarios profesionales.

Este jueves se ha celebrado la última reunión en el marco de la mediación laboral preceptiva ante la huelga convocada después de la muerte de una cocinera a manos de un interno de la prisión de Mas d-Enric en marzo. Este encuentro ha sido la última de las cuatro sesiones de mediación celebradas los días 18, 22, 24 y 25 de abril con los sindicatos. Este espacio de mediación ha canalizado la negociación del segundo acuerdo de condiciones laborales impulsado por el Departament de Justícia a finales de enero, un acuerdo que no se renovaba desde el año 2006.

Según el departamento, las mejoras propuestas por la administración en el terreno laboral y de seguridad significan un “reforzamiento significativo” del modelo penitenciario catalán, centrado en la reinserción y la rehabilitación y el respeto por la dignidad y la seguridad de todas las personas, tanto internas como trabajadoras.

Según UGT, el acuerdo pone a los profesionales penitenciarios en el lugar que se merecen, tanto en materia de condiciones laborales, retributivas y de medidas de seguridad. El sindicato añade que “una vez más se demuestra que la verdadera lucha se realiza y se gana finalmente en las mesas de negociación”. El sindicato remarca que el acuerdo se ha conseguido firmar ante los responsables del Departament de Treball, con Funció Pública, y bajo el paraguas de una convocatoria de huelga general, hecho que ha posibilitado que el acuerdo tenga rango de convenio colectivo, de obligado cumplimiento para cualquier administración, y que en ningún caso podrá incumplir la administración.

Funcionarios penitenciarios ponen carteles de forma simbólica

Paralelamente, varios trabajadores de prisiones han llevado a cabo la madrugada de este viernes una pegada de carteles simbólica en lugares emblemáticos de Lleida, Tarragona, Figueres y Barcelona. Según han explicado fuentes de estos funcionarios, se han escogido poblaciones donde ha habido o todavía hay centros penitenciarios en funcionamiento. De hecho, en Barcelona los carteles se pueden ver alrededor de La Model. El objetivo de la actuación es hacer visible su malestar hacia la gestión del Govern liderado por Pere Aragonès. “ERC ha vivido de espaldas a la realidad”, han apuntado en un comunicado en que han considerado que los republicanos lo “estropean todo”. Así, han avisado que han estado “cuatro años de deterioro de los sectores económicos estratégicos, derroche de recursos y degradación del servicio público”, han apuntado en un comunicado.

En el escrito, han explicado que han decidido hacer esta protesta coincidiendo con el inicio de la campaña electoral porque han afirmado que estos comicios dan a la ciudadanía “la posibilidad de encontrar soluciones”. Así mismo, han recordado que desde su punto de vista el “conflicto” que empezó con el asesinato de la cocinera de Mas d’Enric a manos de un interno “sigue” muy vivo. Han reiterado que el “crecimiento de las agresiones” en el interior de los centros es continuado.

“Las prisiones son un servicio público esencial y costeado con dinero público”, han recordado estos funcionarios que han pedido “transparencia” y derrocar los “muros de vidrio” para mostrar qué pasa dentro de los centros.