Catalunya retendrá el poder de decisión en Rodalies pese a que el Estado tiene mayoría accionarial

La futura empresa mixta Estado-Generalitat que gestionará Rodalies a partir de 2026 estará ubicada dentro del Grupo Renfe, que contará con la mayoría del accionariado, aunque el gobierno catalán designará al presidente con voto de calidad para garantizar la toma de decisiones desde Catalunya.

Esta es la fórmula que han cerrado los negociadores del Ministerio de Transportes y la Generalitat con los sindicatos de Adif y Renfe para garantizar el máximo respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores, y conseguir así la desconvocatoria de los paros a nivel estatal que debían arrancar este mismo lunes.

El acuerdo, refrendado por ERC, que ha estado al corriente de la negociación, prevé que la Generalitat catalana dispondrá de un consejo de administración paritario, según fuentes de los negociadores.

El pacto contempla además que Adif, gestor estatal de las infraestructuras ferroviarias, se haga cargo de manera integral de la línea R1 (la del Maresme), la primera que se ha acordado que pasará a manos de la Generalitat.

Cambios respecto a los acuerdos iniciales

Estas decisiones suponen modificaciones importantes respecto a los acuerdos cerrados con el Govern de Salvador Illa y ERC sobre el traspaso de Rodalies que se habían comunicado hasta ahora y que emanan del pacto de 2023 entre el PSOE y los republicanos que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

De acuerdo con esos pactos, el Govern tendría mayoría en la nueva empresa mixta Generalitat-Estado (que se llamará probablemente Rodalies de Catalunya) y sería una empresa segregada, no una filial. Ahora, el Grupo Renfe contará con el 50,01 % del accionariado.

El nuevo acuerdo prevé, sin embargo, que la mayoría accionarial pueda cambiar más adelante, con la participación de los sindicatos, una fórmula con la que se ha intentado ganar la confianza de los representantes de los trabajadores.

El Govern destaca el paso «firme» hacia el traspaso

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha asegurado este lunes que el acuerdo con los sindicatos es «un paso importantísimo», «firme y decidido» hacia el traspaso de Rodalies, porque «no se puede tener a la plantilla en contra».

Ha subrayado que las decisiones sobre la nueva empresa gestora se tomarán desde Catalunya.

De hecho, el acuerdo para desconvocar la huelga responde a uno de los principales temores de los sindicatos: que la obediencia a una empresa de la Generalitat, fuera del paraguas de Renfe, impactara en sus condiciones laborales, haciendo imposible, por ejemplo, los concursos de traslado fuera de Catalunya.

Esta inquietud adquiere una dimensión especial si se tiene en cuenta que la mayoría de los trabajadores de las dos compañías, y en especial de los maquinistas de Renfe, que son personas nacidas fuera de Catalunya y que, normalmente, buscan cambiar su destino al poco tiempo para acercarse a sus lugares de origen.

Paneque ha subrayado que el acuerdo garantiza una gobernanza «desde la proximidad, con una empresa mixta con una presidencia con voto de calidad y nombrada por la Generalitat». «Por tanto, las decisiones se tomarán en una empresa catalana y desde Catalunya», ha insistido.

La consellera ha asegurado que la mejora de Rodalies será «un camino complejo y difícil» porque «nos encontramos con unas infraestructuras deficientes».

«No queremos mirar atrás ni buscar culpables, pero entre el 2010 y el 2020 no hubo ningún Plan de Rodalies ni ninguna inversión», ha apuntado.

ERC avala el pacto

ERC ha avalado el pacto alcanzado ayer, pero ha alertado de que lo ve como una solución «temporal» en el traspaso de Rodalies con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores y «pacificar» las relaciones con los sindicatos.

Así, los republicanos han considerado que la adscripción de la empresa mixta al Grupo Renfe debería aprovecharse «para encontrar los mecanismos adecuados de garantía de todos los derechos laborales a los trabajadores», de manera que pueda constituirse después una nueva compañía que esté bajo el paraguas de la Generalitat.

Además de «pacificar» la relación con los sindicatos, ERC defiende que esta fórmula ofrece «ventajas operativas» y permite acelerar algunos procesos en el arranque de la nueva empresa, como la subrogación de contratos, licencias y autorizaciones.