Carlos Hugo Preciado, el magistrado de Tarragona que entra en el nuevo Consejo General del Poder Judicial

Carlos Hugo Preciado Domènech (Tarragona, 1969) es uno de los 20 magistrados que forman parte del renovado Consejo General del Poder Judicial. Domènech es doctor en Derecho, magistrado en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y abogado en la actualidad sin ejercer. El nuevo magistrado del CGPJ es especialista en asuntos de lo social.

Siempre ligado a Catalunya, forma parte de la Sala de lo Social del TSJC. Dada su valía y capacidad de trabajo, el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo lo ha fichado este último año para ayudar a superar las deficiencias que la falta de magistrados de la Sala Cuarta del alto tribunal ha provocado.

Es autor de numerosas publicaciones y ha recibido galardones de los Graduados Sociales por su dedicación. Ingresó en la carrera judicial en 2007 y ha ejercido en los juzgados de Valls y Reus antes de recalar en el TSJC, donde está considerado un excelente jurista. Ha compaginado esta labor con la académica, siendo profesor asociado de Derecho Penal de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Como poeta, ha publicado los libros «Una vida incurable» y «Poesía de paisano». La primera de sus obras recoge 63 poemas.

Ha obtenido el Premio extraordinario de doctorado, también de fin de máster, y galardonado por el mérito de la justicia social, según su curriculum, es autor de 23 monografías publicadas en editoriales de prestigio, especialista en derechos humanos, relaciones laborales y derecho penal, además de redactor o asesor externo en diversas revistas jurídicas.

El acuerdo PSOE-PP

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pactada este martes por PSOE y PP en Bruselas tras cinco años y medio de bloqueo, ha ratificado la influencia que siguen ejerciendo dos colectivos judiciales en las negociaciones políticas sobre las lista de vocales electos.

Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de perfil conservador, y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), de carácter progresista y tercera en número de afiliados. Entre ambos colectivos suman la mitad de los consejeros en el nuevo órgano de gobierno de los jueces: 10 de los 20.

Tras rubricar el acuerdo con el ministro de Justicia, González Pons justificó este miércoles que de los 20 componentes del nuevo Consejo 16 provienen de la carrera judicial o fiscal, «y todos ellos cumplen con los criterios de independencia e idoneidad».

Por su parte, el líder popular Alberto Núñez Feijóo aseguró que «ni el PSOE ni el PP van a controlar el Poder Judicial» con este gobierno de los jueces. Por el contrario, tanto la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria como Foro Judicial Independiente ofrecieron una valoración muy diferente. Para Sergio Oliva, portavoz nacional del primer colectivo, «se pone fin a una anomalía democrática sin parangón de la peor manera, continuando con la politización del órgano, ya que de deja al margen a la segunda asociación judicial española, con 950 asociados y ningún vocal».

Por su parte, desde Foro Judicial Independiente insistieron en que el acuerdo alcanzado «no elimina esta politización sino que más bien parece orientado a perpetuarla», al tiempo que recordaron que no presentaron a ningún candidato como denuncia por el sistema de designación de los vocales, «determinada por criterios político y ajeno a la expresión democrática de los jueces».

Estos son los nombres del nuevo CGPJ

Ángel Arozamena. Magistrado de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

José Antonio Montero. Magistrado de lo Contencioso del Tribunal Supremo, avalado por la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Gema Espinosa. Magistrada de la Audiencia de Barcelona, exdirectora de la Escuela Judicial y pareja del juez Pablo Llarena.

Esther Erice. Jueza del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, emitió un voto particular discrepante con la rebaja de la condena al miembro de La Manada Ángel Boza. Es miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD).

José María Páez. Juez decano de Málaga desde 2009. Miembro de la APM.

José Carlos Orga. Magistrado de la Audiencia de Logroño. Miembro de la APM, de la que fue presidente de la sección territorial en La Rioja

José María Fernández Seijo. Juez de lo mercantil de Barcelona, que llevó a la justicia europea la ley hipotecaria española. Avaldo por JJPD.

Lucía Avilés. Jueza de lo penal de Mataró (Barcelona) y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE).

Alejandro Abascal. Juez de refuerzo de la Audiencia Nacional, avalado por la APM.

Carlos Hugo Preciado. Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y avalado por JJPD.

Esther Rojo. Presidenta de la Audiencia de Valencia desde 2019 y miembro de la APM.

José Eduardo Martínez Mediavilla. Presidente de Audiencia de Cuenca desde 2012.

Vocales elegidos entre juristas de reconocido prestigio:

Inés Herreros. Fiscal. Expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y actualmente en la Fiscalía de Memoria Democrática.

José Luis Costa. Presidente del Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa.

Argelia Queralt. Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y letrada del TC.

Pilar Jiménez. Fiscal superior de Cantabria. Miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF).

Ricardo Bodas. Magistrado jubilado de la Sala de lo Social del Supremo. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia en el primer Ejecutivo de Zapatero.

Isabel Revuelta. Letrada de las Cortes. Una de las autoras del informe que advertía de que la ley de amnistía podría no tener encaje en la Constitución.

Bernardo Fernández. Expresidente del Consejo Consultivo de Asturias, quien ya figuraba en el último acuerdo a propuesta del PSOE.

Luis Martín Contreras. Letrado de la administración de justicia del Supremo, quien también figuraba en el último acuerdo a propuesta del PSOE.