24 horas críticas para Sánchez con la crisis de Pegasus inflamada

En apenas 24 horas, el Congreso debatirá el real decreto ley que recoge las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania, y el clima en el Gobierno no invita al optimismo. Todos los esfuerzos para atenuar la indignación de sus socios, fundamentalmente de ERC, por el espionaje al independentismo destapado en The New Yorker han sido en vano. No solo está en juego la convalidación de esa importante norma; lo está la propia legislatura.

En un intento desesperado por salvar la situación, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, tomó ayer una decisión controvertida: rebajar de tres quintos (210 diputados) a 176 escaños la mayoría requerida para designar a los miembros de la comisión de secretos oficiales en la que el Ejecutivo pretende encauzar los recelos de sus aliados. El cambio, respaldado en la Mesa por el PSOE y Unidas Podemos, permitirá sortear el veto de PP, Vox y Ciudadanos a ERC y EH-Bildu. Y pudo forzarse porque el funcionamiento de esa comisión no viene recogido en el Reglamento del Congreso sino en una resolución de la presidencia de 2004.

Las prisas del PSOE para constituir en un tiempo récord, esta misma semana, el órgano que tiene –con las salvedades impuestas por la ley– la potestad de controlar al CNI y al propio Gobierno en la gestión de los gastos reservados, sirvieron, sin embargo, de poco. A los afectados por el espionaje, y al resto de partidos del bloque de la investidura incluido Podemos, no les basta con lo que pueda contarles la responsable de los servicios de inteligencia. Quieren una comisión de investigación.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rechazó esta opción con el argumento de que solo en la comisión de secretos oficiales los grupos podrán tener acceso a información sensible. En realidad, el Gobierno puede autorizar a que los miembros de una comisión de investigación conozcan documentos del servicio secreto siempre que lo solicite la Cámara y se comprometan a no hacerlos públicos. Ocurrió, por ejemplo, en la comisión sobre los atentados del 11-M.

Ceder a la exigencia de sus socios en ese terreno, no obstante, implicaría tener abierto en canal el problema durante meses y poner en el disparadero el trabajo de una organización que por naturaleza debe ser opaca. «Es importante subrayar que los servicios de inteligencia, en las democracias, sirven para proteger vidas y garantizar la seguridad de los ciudadanos, que lo hacen todos los días y lo hacen en silencio, que así debe ser y que así debe continuar», adujo el ministro.

La posición del Gobierno es extremadamente compleja. ERC critica el silencio de Pedro Sánchez. Quieren ceses, y algunos (Podemos, Más País y ERC) apuntan ya a la ministra de Defensa, Margarita Robles (ver página siguiente). La Generalitat congeló ayer, además, toda relación institucional con el Ejecutivo, incluida la mesa de diálogo.

Es difícil que el Gobierno vaya más lejos de lo que ya ha ido y fuerce dimisiones, porque sería tanto como reconocer que ha habido escuchas ilegales, algo que niega. «Tenemos la conciencia muy tranquila», insistió Bolaños. Sus esperanzas parecen estar puestas en que ERC y Bildu asuman que no pueden tumbar el plan anticrisis, que recoge ayudas importantes para hacer frente a la inflación. Pero eso, que está por ver, no acabaría con el problema.

Sánchez, en todo caso, remitió ayer en el Senado a su intervención de hoy en la sesión de control en el Congreso. Será la primera vez que hable de la crisis del catalangate.