Casi 80.000 nuevos jubilados tuvieron un recorte en su pensión por abandonar el mercado laboral antes de tiempo, según datos provisionales del Ministerio de Seguridad Social del año 2020. Este es el colectivo al que le afectará el nuevo esquema de penalizaciones que pretende implantar este mismo año el Gobierno, tal y como avanzó recientemente el ministro José Luis Escrivá. Supone así que a prácticamente el 40% de los nuevos pensionistas les puede afectar este cambio de modelo y eso que más de una de cada tres jubilaciones anticipadas procede del desempleo.
Pese a que Escrivá reitera que la mayoría de estas personas que se jubilan de forma anticipada saldrá beneficiada con la reforma que plantea, lo cierto es que el recorte puede suponer hasta 460 euros menos al mes para aquellos que más ganan si adelantan dos años su retiro. Y este es precisamente el grueso del colectivo, ya que más de la mitad de esas 79.500 personas se convirtieron en pensionistas entre los 63 y 64 años.
Con el nuevo modelo la penalización puede ser menor para aquellos que se jubilen entre el mes 22 y el cuarto antes de la edad legal, siempre y cuando no hayan cotizado por el máximo, puesto que este recorte se aplicará sobre la pensión real y no sobre la base reguladora, lo que significa que aquellos que cotizan por el máximo saldrán siempre perjudicados con el nuevo modelo.
Pero no todas las jubilaciones anticipadas son fruto de una decisión propia. Así, 24.500 personas se vieron obligadas a un retiro forzoso el año pasado debido a que fueron expulsadas del mercado de trabajo de forma prematura, muchos a causa de un despido colectivo, y se encontraban en situación de desempleo. Casi uno de cada diez nuevos jubilados, una cantidad que incluso en 2019 se elevó hasta los 33.500. También del desempleo proceden otra parte importante de las prejubilaciones voluntarias: casi 9.000 en 2019 (último dato disponible), por lo que se eleva hasta el 35% el porcentaje de personas que se jubilan anticipadamente debido a que están en paro.
Otra de las medidas que planea el ministro Escrivá es ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Y así consta en el plan de reformas enviado a Bruselas, aunque es aún un tema que no se ha tratado en el diálogo social.
Si un documento interno del Gobierno que se filtró a los medios estimaba que si se aumenta de 25 a 35 años el periodo a tener en cuenta para calcular la prestación de los nuevos jubilados supondría un recorte del 6,3%, un estudio del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson eleva esta merma hasta el 8,6%.
El recorte no sería igual para todos los grupos de trabajadores, siendo las mujeres y los autónomos los colectivos más damnificados. Así, las mujeres sufrirían un recorte del 10,3%, frente al 7,9% de los hombres, lo que supone que su pensión inicial disminuiría un 30% más que la de los hombres debido principalmente a que tienen generalmente carreras laborales más cortas, según advierte este estudio.