La espiral alcista de los precios de la energía ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a mover ficha en línea con las recomendaciones de Bruselas. La Comisión Europea ya mostró su malestar con el Ejecutivo por el recorte a los beneficios extraordinarios que obtienen las centrales no emisoras de CO2 aprobado en septiembre, dentro de un plan de choque para frenar el impacto de la subida de la luz en el mercado mayorista a consumidores y empresas.
En su momento Europa ya dejó claro que la fórmula para mitigar el golpe de la espiral alcista debía llegar por dos caminos: o bien por la rebaja de impuestos, o bien por nuevas ayudas a las familias con menos recursos. Así que, tras la reducción del IVA eléctrico del 21% al 10%, así como la supresión temporal del impuesto a la generación, el Consejo de Ministros de mañana martes dará luz verde a un nuevo real decreto ley que incluirá 100 millones de euros extra para ayudar a los 1,2 millones de hogares vulnerables que existen en España a hacer frente a esta situación.
Un plan que llega a las puertas del invierno y con el precio de la luz retomando hoy la senda alcista. En concreto, alcanzará de media los 225,36 euros el megavatio hora (Mwh/h) en el mercado mayorista. Un 5,6% más que ayer domingo y sin bajar de los 200 euros en ningún tramo horario.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el encargado de anunciar ayer la medida en la clausura del XIII Congreso Regional del PSOE de Extremadura. Durante su intervención, Sánchez explicó que con este decreto ley también se prevé «ayudar a las industrias y a las empresas a proteger sus contratos ante el alza de los precios de la energía», así como «para incorporar transparencia, y por tanto control, en la formación de los precios de la tarifa eléctrica».
Sin embargo, no especificó si esto implica que mañana martes también se vayan a concretar las aclaraciones que desde hace semanas reclama el sector para saber quién, cómo y en qué medida se verá afectado por el recorte a los ingresos convalidado ya en el Congreso y estimado en unos 2.600 millones de euros en un semestre.
Las compañías eléctricas están en pie de guerra desde hace semanas, a la espera de conocer esas modificaciones prometidas por el Gobierno. Tras unas jornadas de fuertes tensiones, intensas reuniones e incluso algunas polémicas acusaciones, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya adelantó que se estaba trabajando en las opciones legales que existen para sacar adelante ese nuevo paquete normativo en el que se incluirán las aclaraciones pertinentes al decreto.
Y el propio presidente Pedro Sánchez confirmó el pasado viernes que se librarán del recorte planteado las compañías que no suban los precios de la luz a sus clientes aprovechando el aumento de los costes de la electricidad. Sin citarle directamente, su intención era responder a la propuesta que solo unos días antes había hecho el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que se comprometió a no subir las tarifas eléctricas a la industria con la condición de que el Gobierno retirase el real decreto.
