Siete días. Es el plazo que locales y edificios tienen para adaptarse al plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno el lunes y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un texto que finalmente no incluye las sanciones que tendrán que afrontar aquellos que incumplan medidas como el límite de climatización o los cierres en las puertas para evitar el despilfarro de energía. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explican que el régimen sancionador será el actualmente vigente por incumplimiento del RITE (reglamento de instalaciones térmicas en los edificios). Es decir, al menos de momento, no habrá multas específicas por desobedecer cada una de las nuevas medidas aprobadas.
El problema es que, según esta premisa, aquellos que no cumplan con la norma podrían enfrentarse a sanciones de hasta 60.000 euros, la cantidad con la que la normativa actual ‘castiga’ las sanciones leves. Las graves ascienden a seis millones de euros y las consideradas como «muy graves» pueden alcanzar los cien millones de euros. Desde el Ejecutivo matizan que «los procedimientos siempre se aplicarían bajo un principio de proporcionalidad», con lo que el incumplimiento del plan debería incluirse en esas infracciones leves.
No obstante, la falta de un criterio específico para cada medida ha pillado por sorpresa a los empresarios, sobre todo teniendo en cuenta que en otros países sí se ha realizado esa labor. Por ejemplo, Francia decidió aplicar multas de 150 euros por el uso de climatización en locales con las puertas abiertas. Los distintos ministerios consultados por este diario indican que son las comunidades autónomas las que deben comprobar que el plan se cumple y, si no, imponer las sanciones correspondientes. Pero desconocen si el reglamento seguirá desarrollándose en las próximas semanas y si finalmente se adoptarán cuantías concretas para cada caso.
Aunque insisten en que las posibles multas serán equilibradas, la incertidumbre sobre cómo se articularán es absoluta. «Como siempre, nos enfrentamos a una nueva regulación a la que nos tendremos que adaptar sin saber cómo funciona», critican desde la CEOE. Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la patronal, coincide en que el plan implicará «más trabas y trámites» para las empresas. Y advierte de que no se podrá aplicar por igual en todos los territorios del país.
Otros empresarios comparten esta idea. Es el caso de Damián Caneda, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), que ayer criticó que no se haya tenido en cuenta que «España es un país con muchos climas». Caneda solicitó que, al menos, se distinga por zonas para aplicar con criterio cada medida.
