El 19 de octubre de 1989, la central nuclear Vandellòs I sufrió un accidente nuclear. Un fallo mecánico en una turbina provocó un incendio que afectó al sistema de refrigeración del reactor y al ordenador de control.
Gracias a la intervención de los técnicos y los bomberos, que consiguieron extinguir el incendio, parar el reactor y reactivar la refrigeración manualmente, se evitó la fusión del núcleo. La sombra de Chernóbil, tres años antes, planeó durante una larga noche de otoño en Tarragona.
Como consecuencia del incidente se clausuró el reactor, que quedó gravemente dañado. Posteriormente, se acordó el cierre de la central y el desmantelamiento de la misma.
En el proceso, los elementos con radiación debían guardarse en un lugar seguro hasta que España tuviera un almacén temporal centralizado que los gestionara. Por ello, Francia fue el destino temporal de los residuos de Vandellòs I. Aunque los Planes de Residuos Nacionales preveían el retorno de los mismos en 2010, 2015 y la última fecha, 2017.
A finales de noviembre de 2023, El presidente de Enresa (Empresa Nacional de Residuos), José Luis Navarro, apuntaba que la nueva fecha sería en 2028, y que el año antes, 2027, las obras del nuevo almacén que debe guardar los cuatro contenedores de combustible radioactivo gastado estarían acabadas.
La repatriación de los residuos lleva 14 años de retrasos, así que Enresa, encargada de la gestión de los residuos nucleares españoles, va a tener que seguir pagando la «multa» por la dilación al menos otros cuatro años más.
Enresa lleva siete años, desde el 1 de julio de 2017, pagando una sanción diaria a la compañía francesa Orano por no devolver a España a tiempo los residuos de Vandellós I, que se encuentran en La Hague, en la región de Normandía, apunta un artículo de David Page en El Periódico.
España ya ha pagado en este tiempo unos 200 millones de euros por estas penalizaciones (187 millones hasta cierre de 2023 y en torno a 15 millones más este año. Los últimos datos facilitados públicamente por Enresa desvelan que la indemnización progresivamente creciente ascendía ya a casi 85.200 euros diarios en 2023 (esto es, unos 31 millones en todo el año).
Hoy se ha hecho pública la memoria anual de Enresa, la empresa nacional de residuos
Madrid y París, señala El Periódico, han tenido que ir ampliando y modificando esos contratos de custodia de los desechos por el retraso en la construcción de un almacén centralizado de residuos nucleares (ATC) en España. Los continuos aplazamientos durante años en la construcción en Villar de Cañas (Cuenca) y, ahora, el carpetazo definitivo al proyecto han hecho imposible iniciar el regreso de los residuos en Francia.
España empezó pagando 73.044 euros al día en 2017 y tras sucesivas subidas anuales la penalización escaló hasta los 85.195 euros diarios el año pasado, según se recoge en la última memoria anual de Enresa, que el grupo acaba de hacer pública. En total, unos 200 millones acumulados en siete años, y que escalarán hasta entre 330 y 350 millones hasta 2028.
En el momento en que España repatríe los residuos desde Francia, se reintegrarían gran parte de las penalizaciones abonadas. Así, la compañía nuclear francesa cobraría sólo por la labor de almacenamiento realizada durante años, y devolvería la sanción. Enresa reconoce que esos costes por almacenamiento que no se recuperarán ascendían a más de 11,5 millones hasta finales de 2023.
Enresa trabaja para cumplir el nuevo compromiso de repatriar los residuos dentro de cuatro años (2028) y guardarlos en un nuevo almacén temporal que estará ubicado en Vandellòs I. Será un paso temporal hasta la activación de un cementerio nuclear definitivo que debe estar operativo en España en 2073 (aún por definir el emplazamiento).