El Govern ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) los nuevos 131 municipios declarados como zonas tensadas para aplicar el tope del alquiler, alcanzando un total de 271 en los que viven más de 7 millones de personas, el 90 % de la población.
El siguiente paso será enviar la lista al Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana para que entre en vigor esta declaración, según lo prevé la Ley estatal del derecho a la vivienda 12/2023. En la anterior ocasión, el gobierno español tardó siete meses en publicar la resolución.
La ampliación afecta a los municipios de más de 2.000 habitantes que no estaban incluidos en la primera lista de 140 y que cumplen algunos de los requisitos que marca la ley española.
Por un lado, que los ciudadanos destinen más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca, incluyendo gastos y suministros básicos, y por otro lado, que el precio del alquiler o compra de las viviendas haya experimentado en los últimos cinco años un incremento acumulado de al menos tres puntos por encima del IPC.
Los municipios de la provincia de Tarragona que ahora pasarán a ser declarados zona tensada son Alcanar, L’Aldea, Altafulla, Calafell, Deltebre, Montblanc, Móra d’Ebre, Roda de Berà, La Selva del Camp y Ulldecona.
En el resto de Catalunya lo serán Aiguafreda, Anglès, Arbúcies, Begur, Bellver de Cerdanya, Besalú, Cadaqués, Calonge y Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Centelles, L’Escala, Gironella, Masquefa, Navàs, Olèrdola, Pals, Peralada, El Pont de Suert, Piera, Riudarenes, Roses, Sant Feliu de Codines, Sant Jaume d’Enveja, Sant Pere de Vilamajor, Sant Pere Pescador, Sant Quirze de Besora, Santa Cristina d’Aro, Sentmenat, Súria, Torrelles de Foix, Torroella de Montgrí, Vacarisses, Vielha e Mijaran, Viladecavalls y Vilanova del Vallès.
La consejera de Territorio, Ester Capella, anunció a mediados de abril la nueva declaración y explicó que se realizaría debido a los cambios producidos en el mercado de la vivienda en los últimos meses. Entre los factores se encuentra el incremento generalizado del coste de la vivienda en los últimos años en Catalunya, superior a los ingresos de los hogares, y la tendencia al alza del precio del alquiler a pesar de la contención de rentas.
Una vez entre en vigor la declaración en estos municipios, los alquileres de los nuevos contratos no podrán superar el precio del último contrato de los últimos cinco años tras aplicar la cláusula de actualización anual de ese contrato. En el caso de las viviendas propiedad de grandes tenedores, el alquiler no podrá ser superior al índice de referencia del precio del alquiler.