El Gobierno ya ha puesto encima de la mesa del diálogo social una propuesta sobre cómo debe ser la nueva norma para regular las prácticas formativas que realizan los estudiantes en empresas y organismos, y que establecerá la cotización obligatoria para todos. Trabajo concreta en el borrador su propuesta para limitar el número de becarios que puede haber simultáneamente en una empresa, algo que ahora no acota la ley, aunque hay convenios que sí lo topan.
Para ello ha establecido una tabla en función del tamaño de la compañía. Así, los negocios más pequeños, aquellos que empleen a un máximo de diez trabajadores, solo podrán contar con un becario; los que tengan entre 11 y 30, dos; entre 31 a 59, tres; y a partir de 60 empleados, el cupo no podrá ser superior al 5% de la plantilla.
El Ejecutivo justifica esta prohibición para conseguir una «adecuada tutorización en el desarrollo de su actividad formativa práctica». El borrador especifica además que «ningún tutor o tutora de empresa podrá tener asignadas, de modo simultáneo, más de cinco personas en formación práctica».
Limitar el número de becarios es una de las reivindicaciones de los sindicatos, y, de hecho, CCOO ha presentado ya su propuesta, más laxa que la del Gobierno. La organización liderada por Unai Sordo amplía a tres el máximo de becarios en empresas de hasta 20 trabajadores, a cinco en empresas de 21 a 50; y en las de más de 50 se deberá negociar con el comité de empresa, sin que puedan superar el 15% de la plantilla.
Por el contrario, la patronal no ve con buenos ojos estos límites, y manifestó «cierta reticencia» a esta medida, según fuentes cercanas a la negociación.
El resto de cuestiones que plantea las deja muy abiertas, pero sí deja clara su intención de poner fin de forma definitiva al trabajo gratuito de estas prácticas, algo muy habitual. «En nuestro país no se puede pagar por ser becario, y esto pasa», denunció ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Para ello, obligará a las empresas a pagarles «todos los gastos» que les ocasione a los estudiantes el desarrollo de la actividad laboral (tales como de desplazamiento y manutención), aunque no exigirá que haya necesariamente un salario mínimo para este tipo de contratos, aunque sí puede haber acuerdos en que así se recoja.
Aunque deja en el aire la cuantía de la remuneración mínima, CCOO ya ha lanzado una propuesta y defiende que el salario de entre los 400.000 y 500.000 becarios que puede haber en España no sea inferior al 50% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), lo que lo situaría en 2022 en un mínimo mensual de 289,51 euros.