Las reclamaciones al sector bancario por abusos han batido un récord en Tarragona. Las quejas de la ciudadanía al ámbito financiero crecieron un 15% en la provincia en el último año. Fueron 379 durante el curso pasado, más de una al día, confirmando una tendencia al incremento.
La cifra bate incluso la marca que se alcanzó en 2017 (342). «Aquel fue un año álgido de reclamaciones», define Joan Andreu Reverter, presidente de la sección de derecho bancario del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.
Por entonces el Banco Santander compraba al Popular por un euro y afectaba a miles de accionistas por la quiebra, generando una gran conflictividad que todavía dura en los juzgados. En 2018 hubo únicamente 196 reclamaciones, en 2019 fueron 148, en 2020 subieron a 211 y en 2021 a 333.
En los últimos tiempos se han abierto otros frentes. Hipotecas o tarjetas figuran entre los productos más problemáticos. Pero en el pasado curso lo más llamativo es el auge de las reclamaciones por los entornos ‘online’. La memoria expone que «del total de las 34.146 reclamaciones recibidas en este ejercicio, 10.361 han venido motivadas por operaciones de pago efectuadas con tarjeta o por transferencia vía internet (con las que el usuario no está conforme, por lo que se solicita su retrocesión)». Es el doble en relación al año anterior.
Se trata de casos en los que el ciudadano «no reconoce haber dado su autorización a determinadas operaciones o afirma hablar realizado siendo víctima de engaño (fraude, estafa)».
Esta inercia entronca con la dinámica alcista de la ciberdelincuencia, plasmada en la estadística policial. De enero a junio de este año, las estafas informáticas, a menudo con el banco ‘online’ como escenario, se han disparado un 26% en Tarragona. El cierre de oficinas ha llevado a apostar más por el servicio digital, con los riesgos que ello conlleva.
El papel de la justicia
De hecho, ese fraude va mucho más allá del ámbito de supervisión. «En un alto porcentaje de estos casos (47%), el Banco de España no ha podido resolver el fondo de la disputa al corresponder a los tribunales el conocimiento y valoración de las circunstancias de la operativa cuestionada, por intervenir terceros ajenos a la relación cliente-entidad supervisada», expone la memoria.
Reverter apunta que los «casos de phising siguen siendo habituales». Es quizás la modalidad estrella de las estafas, y se basa en el envío de correos o mensajes que suplantan la identidad de entidades, compañías u organismos públicos y solicitan información personal y financiera al usuario.
Aunque detrás se esconda un delito por parte de bandas que es perseguible penalmente, en algunos casos también puede existir una responsabilidad civil de la entidad financiera si se demuestra que el entorno ‘online’ no estaba suficiente protegido o asegurado. Se abre también ahí la posibilidad de recuperar el dinero, o al menos una parte.
‘Phising’, el IRPH o los gastos hipotecarios son otros agravios que padece el usuario
También hay otro frente muy común en los últimos tiempos: «Nos siguen llegando reclamaciones de IRPH, sobre todo después de la sentencia del 13 de julio de 2023». Se refiere a la resolución del Tribunal de Justicia de la UE, que respalda las reclamaciones de los consumidores de afectados por la falta de información sobre la aplicación de este índice. Lograr la nulidad por abusividad de ese tipo de cláusulas IRPH es otro frente abierto que puede hacer recuperar a los clientes grandes cantidades de dinero.
El responsable del Col·legi de l’Advocacia detecta también casos de reclamaciones de gastos hipotecarios o impugnaciones de cláusulas de seguro de prima única. «El banco te dice: ‘¿Quieres la hipoteca?’ Pero para ello te harán un seguro de vida que pagarás solo de una vez y que te puede subir a 26.000 euros, y te lo ligan a la hipoteca. Eso también puede ser un abuso», aclara Reverter.
Otro caballo de batalla son las comisiones por mantenimiento en la cuenta corriente. Este tipo de problemas asociados a estas cuotas o tarifas se ha disparado un 62% en comparación con el curso anterior. El mantenimiento de los tipos de interés al 0% en los últimos años, hasta bien entrado 2022, y la necesidad de generar más recursos ha revitalizado un problema que hasta hace un tiempo no existía o pasaba mucho más desapercibido.
Parte de todas estas casuísticas y de los agravios financieros en general tienen la clave en el nivel de transparencia, en hasta qué punto la entidad estaba informando convenientemente de las condiciones o de los riesgos de un determinado producto.
«Hay una necesidad de incluir criterios que mejoren la transparencia en las tarjetas ‘revolving’». Banco de España
De ahí que, por ejemplo, en el caso de las tarjetas revolving, el Banco de España haya subrayado «la necesidad de proporcionar al cliente información (precontractual, contractual y poscontractual) sobre las condiciones del producto» o la inclusión de «criterios que mejoran la transparencia cuando las entidades incrementan unilateralmente los tipos de interés en las revolving».
«Endeudamiento excesivo»
El Banco de España reconoce los peligros de una opción que puede conducir a «niveles de endeudamiento excesivo» y que, de hecho, ha incurrido a veces en la usura. De ahí que aluda al «riesgo de prolongación excesiva del crédito y de aumento de la carga final de la deuda más allá de las expectativas razonables del prestatario que contrata este producto».
«Nos llegan casos de IRPH o reclamaciones contra cláusulas de seguros de prima única». Joan Andreu Reverter. Presidente derecho bancario Col·legi Advocacia Tarragona
Desde Tarragona, el letrado Reverter alude a otra litigiosidad: «Nos encontramos con reclamaciones de fondos extranjeros, normalmente irlandeses, luxemburgueses o escandinavos, y algunos británicos, que están comprando activos de una forma tan grande a los bancos, que a menudo estos no dan información suficiente y se acaba viendo que al final no existe ese valor o la deuda ha prescrito. Hay muchos fondos comprando a los bancos y no todo lo que se vende existe en realidad».
En Tarragona: Más de 7.000 casos de cláusulas suelo resueltos
Desde mediados de 2017 hasta la fecha, en Tarragona se han resuelto 7.265 casos de cláusulas suelo, quizás el icono más generalizado del abuso bancario, plasmado en los balances judiciales. En este tiempo se han ingresado casi 8.000 de estas reclamaciones. Atrás queda el ingente volumen de reclamaciones, que ha ido reduciéndose con el paso de los años y a medida en que los tribunales han ido dando salida. A finales de 2018 había 2.789 asuntos de este tipo en trámite. El año pasado eran 679.
Durante este 2023, un año afectado por las huelgas en la justicia, ha aumentado la cifra de casos pendientes: a finales de marzo había 643 y en junio eran 831, un 29% más.
