Uno de los principales problemas a la hora de planificar la jubilación es, sencillamente, que no sabemos a ciencia cierta cuál será nuestra pensión pública futura y, por tanto, cuánto deberíamos ahorrar para mantener el actual nivel de vida en el momento del retiro. Pues bien, los trabajadores que tengan un plan de pensiones de empleo (aquellos ofrecidos por la empresa) podrán despejar al menos parte de esta incógnita a partir del 1 de enero de 2025, cuando se pondrá en marcha la transposición de una directiva europea (aprobada el 14 de diciembre de 2016) que obliga a las gestoras de planes de empleo a remitir a sus partícipes una carta con la estimación de cómo quedará esa pensión privada en el momento de la jubilación.
La norma, que no afecta a los planes de pensiones individuales, establece que, «con periodicidad al menos anual», las gestoras suministrarán ese cálculo aproximado del ahorro conseguido si el partícipe se mantiene en el mismo plan de pensiones hasta que alcance la edad de jubilación, bajo una serie de variables como la evolución de los tipos de interés, de la inflación o del crecimiento económico, entre otras.
Aunque el resultado no será una cifra cien por cien exacta, el sector ve con buenos ojos esta iniciativa que puede ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones sobre su ahorro privado. Pero critican que de poco servirá si el Estado no hace lo propio con la pensión pública. «Esa es la estimación que realmente interesa al partícipe, para ser consciente de su realidad financiera y calcular cuánto ahorro privado debe generar para complementar lo que perciba de la Seguridad Social cuando se jubile», indican desde el sector. Hacen referencia a la llamada ‘carta naranja’ que, por ley y desde 2011, el Estado debe remitir a los ciudadanos con una estimación de la pensión pública en función de lo que han ido cotizando. Es una herramienta habitual en muchos países que, sin embargo, ha sido imposible de implementar en España. «Es fundamental que exista una campaña institucional para concienciar al ciudadano», indica Gonzalo Recarte, director general de la gestora Cobas AM.
Para la industria, la foto de los planes de pensiones en España es bastante pobre si se compara con los países del entorno. «Necesitamos 3,5 puntos adicionales del PIB para financiar prestaciones públicas en las próximas dos décadas, frente a solo 0,4 puntos de los países de la UE», recuerda Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco. Desde la patronal llevan años defendiendo la urgencia por defender los tres pilares del sistema de pensiones, con el tercero (los planes individuales) enormemente dañado desde que el Gobierno limitó a 1.500 euros anuales la aportación máxima deducible, y el segundo (los planes de empleo) «que no terminan de arrancar».