Tras numerosas prórrogas, finalmente las quejas del sector turístico no han frenado la entrada en vigor ayer del Real Decreto 933/2021 por el que los alojamientos están obligados a proporcionar más de 40 datos de sus viajeros con multas de 30.000 euros para los que no cumplan con este nuevo registro de recopilación masiva de información.
Las protestas del sector turísticos han sido evidentes, al considerar que este decreto exige una elevada carga burocrática y estudian acciones legales contra la norma. Ayer, la patronal de agencias de viajes (CEAV) hizo pública una carta enviada a los ministros del Interior y de Turismo, Fernando Grande-Marlaska y Jordi Hereu, en la que denuncian la «norma desproporcionada» que obliga a proporcionar datos de forma masiva de sus clientes e introducirlos en la plataforma Ses.Hospedajes, que quedó colapsada en su primer día de funcionamiento.
«Se trata de una norma desproporcionada que colisiona frontalmente con otras de rango español y europeo, así como con recomendaciones de distintos organismos, pudiendo llegar a poner en peligro la propia seguridad que se pretende ante una ciberdelincuencia que, tristemente, avanza a pasos agigantados», señala CEAV en la misiva. El Gobierno apela a la ley mordaza y a la amenaza terrorista para su aplicación, destacando además que no supondrá «ninguna diferencia» para los clientes.
Así lo aseguró ayer lunes el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en una entrevista en el Canal 24 horas donde explicó que la única novedad de este reglamento es indicar la relación de parentesco entre los viajeros, siempre en el caso de que alguno sea menor de edad. Pérez indicó que este real decreto actualiza una normativa que estaba «totalmente obsoleta» y servirá para «atender nuevos fenómenos» como el alquiler de viviendas para uso turístico o las reservas por internet.
Como ejemplo de la problemática actual por el modus operandi de los ciberdelincuentes, Pérez recordó que los 4,8 millones de datos ya recabados en la plataforma Ses.Hospedajes ha permitido detener a más de 18.000 investigados tanto a nivel nacional como internacional.
Pero desde el sector turístico ven la situación completamente «desproporcionada» e «inaceptable», por lo que estudian acciones legales. Entre las denuncias más pronunciadas por la industria están su posible incompatibilidad con el reglamento de la UE. Denuncian que esta norma generará «inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento», desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo, falta de adecuación tecnológica y carga administrativa desproporcionada para las empresas, ya que el 95% del sector son pymes.
