Menos de la mitad (48,3%) de la población española manifiesta estar de acuerdo con el plan de cierre de las centrales nucleares aprobado por el Gobierno.
Así lo indica el proyecto de investigación SPECTRUM, liderado por la Universitat Rovira i Virgili y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los fondos Next Generation EU.
Durante el estudio se ha encuestado a más de 7.000 personas en los últimos meses y ha revelado tendencias significativas en la percepción social de las medidas adoptadas de transición ecológica, que ponen sobre la mesa marcadas diferencias de opinión en función de la comunidad autónoma de residencia.
Según los responsables de SPECTRUM, un 28,4% de las personas encuestadas manifestaron que estaban muy de acuerdo con el cierre gradual de las centrales nucleares en España, programado para el período 2027-35, y un 19,9%, bastante de acuerdo.
Sin embargo, frente a este 48,3% de opiniones favorables al cierre, existe un importante sector de población que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo (14,3%), bastante en desacuerdo (14,7%) y muy en desacuerdo (16,5%) con el cierre previsto en el VII Plan general de residuos radiactivos de la Empresa Nacional de Residuos SA (ENRESA). Las cinco centrales nucleares españolas en activo generan aproximadamente un 20% de la energía consumida.
La percepción sobre la clausura de las instalaciones varía además en función del lugar de residencia. En comunidades como País Vasco, Ceuta y Melilla, que no tienen reactores en funcionamiento en su territorio, un 63,5% y un 61,5%, respectivamente, de las personas encuestadas se mostraron muy de acuerdo o bastante de acuerdo con el cierre de las centrales; en cambio, en comunidades que tienen actividad nuclear, el apoyo convencido al cierre sigue siendo mayoritario pero más moderado: por ejemplo, Catalunya (53,3%), Comunidad Valenciana (50,9%) y en otras zonas, de forma significativa, no llega al 50%. Estos son los casos de Extremadura (35,9%), Castilla La Mancha (35,2%) o La Rioja (32,5%), comunidad muy cercana a la central clausurada de Garoña (Burgos).
En una primera fase del proyecto, los responsables de SPECTRUM han tomado el pulso a la población con encuestas a más de 7.000 personas.
El objetivo es recoger la percepción y el nivel de sensibilización de las personas sobre las medidas de transición ecológica según la zona en la que viven, identificar posibles riesgos sociales, analizar el grado de influencia de la estructura socioeconómica y las estrategias de comunicación, y formular recomendaciones a las administraciones para conciliar las distintas percepciones regionales con los objetivos comunes de mitigación del cambio climático.
«La percepción social sobre la transición ecológica y energética es diferente en función de la comunidad autónoma en la que residen. Estas especificidades deben tenerse en cuenta a la hora de implementar planes de adaptación climática y energética, especialmente para conseguir más efectividad», explica Maria Llop, catedrática de Fundamentos de Análisis Económico de la URV e investigadora líder del proyecto SPECTRUM.
Aceptación de las instalaciones de energías renovables
Otro dato relevante recogido por las encuestas es el grado de aceptación de instalaciones de energías renovables como parques eólicos y solares. Los resultados indican que la aceptación es mayoritaria, aunque con diferencias regionales significativas.
Las Islas Canarias, Murcia, Ceuta y Melilla se muestran socialmente más abiertas a acoger nuevos parques eólicos en la proximidad, mientras que los encuestados de Galicia (43,2%) y Cantabria (53%) son los menos dispuestos a aceptar parques eólicos en cerca de los domicilios.
En cuanto a los parques solares, han recibido una mayor aceptación media que los parques de aerogeneradores, con una media de aceptación del 78% en La Rioja y un 76,6% en Canarias. Por su parte, Cantabria y Castilla y León son las comunidades menos propensas a nuevas instalaciones solares, con un 64% y un 67,6% de aceptación, respectivamente.
La mayoría de personas encuestadas también se muestra dispuesta a pagar un precio más alto por la energía, siempre que provenga de fuentes renovables. Aunque también se registraron diferencias entre la media de aceptación según las regiones.
Un 65,4% de los encuestados en La Rioja estarían dispuestos a asumir un incremento en el precio, mientras que en Castilla la Mancha sólo el 51,4% de las personas que respondieron aceptarían este aumento.
El estudio revela también que sólo el 56,3% de los encuestados considera que la transición ecológica no pone en peligro el modo de vida actual. Esta percepción varía significativamente en función de la ideología política de los encuestados.
Un 69,4% de las personas que se definen de izquierdas o centro-izquierda consideran que la forma de vida actual no corre peligro, mientras que entre las personas de centro-derecha o derechos esta percepción se sitúa en el 46,9%.
Desconocimiento sobre el uso del hidrógeno verde
Además, la investigación muestra que un 65% de las personas que han participado en la encuesta admiten saber poco o nada sobre el uso del hidrógeno verde como fuente de energía, pese a ser una apuesta destacada en la hoja de ruta de la descarbonización.
Navarra es la zona con mayor desconocimiento sobre el hidrógeno verde, con un 73%. Pero incluso en Euskadi, comunidad en la que Petronor ha iniciado recientemente la producción de hidrógeno verde, el nivel de desconocimiento que admiten los encuestados supera la media y se sitúa en un 66%.
El análisis de los datos proporcionará información crucial sobre los condicionantes que influyen en la percepción social de las medidas de transición ecológica. Este material permitirá a SPECTRUM formular conclusiones y recomendaciones para mejorar el grado de participación y sensibilización de los públicos, teniendo en cuenta los distintos perfiles regionales y socioeconómicos.
El proyecto continuará en fases posteriores, con los objetivos de identificar los factores socioeconómicos que afectan a la percepción ciudadana, de difundir y comunicar los resultados y de proporcionar soluciones concretas que estimulen el empoderamiento y la participación ciudadana en la toma de decisiones y en las acciones de mejora climática.