El Gobierno ha sufrido duras derrotas parlamentarias en los últimos meses. Las «hostias» recibidas (en palabras del ministro de Sumar Ernest Urtasun) le han llegado desde diversos frentes: los votos en contra de Junts (junto con el PP y Vox) tumbaron el techo de gasto y la ley de extranjería hace unas semanas; a primeros de año llegó el batacazo propiciado por Podemos al rechazar la reforma de Yolanda Díaz del subsidio por desempleo (que vio la luz en un segundo intento).
Y así hasta 33 veces desde que empezó la legislatura. Esta debilidad parlamentaria del Gobierno le va a complicar mucho cumplir con las reformas comprometidas con la Comisión Europea y aún pendientes para recibir los próximos desembolsos de los fondos europeos.
España ha percibido hasta el momento cuatro desembolsos y para ello ha tenido que aprobar, entre otras, la reforma laboral y la reforma de pensiones. Ahora, para solicitar el quinto (7.000 millones de euros en subvenciones y 500 millones en préstamos) el Gobierno debe aprobar una reforma fiscal antes de que acabe el año -que es el plazo para pedir los nuevos fondos- y la Ley de Servicios Sociales.
El Ministerio de Hacienda considera que ha cumplido con las modificaciones fiscales introducidas hasta la fecha y con la buena marcha de la recaudación tributaria, pero la Comisión Europea le sacó los colores en junio y advirtió que el Ejecutivo debía realizar una «revisión y simplificación» del sistema fiscal, como estaba acordado en el plan de recuperación español, y avanzar en los impuestos medioambientales. La Comisión subrayó la necesidad de simplificar el sistema tributario para fomentar el crecimiento económico, el empleo y la transición verde.
Además, para el sexto desembolso (3.600 millones en subvenciones y 15.000 millones en préstamos) tendrá que aprobar, entre otras, la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y la nueva ley del cine, cuyo proyecto mandó en junio a las Cortes y solicitó su tramitación por la vía de urgencia. En principio, no debería haber problemas en tener la mayoría suficiente para aprobarlas, pero ahora cualquier votación parlamentaria puede convertirse en un sobresalto. La laboral fue la primera gran reforma exigida por la Comisión Europea y la segunda, la de pensiones.
Europa estuvo a punto de descontar entre 800 y 1.000 millones de euros de los fondos al considerar que la reforma de pensiones no llegaba a cumplir los compromisos. Finalmente, se incorporaron y acordaron los ajustes requeridos. Con la reforma fiscal puede ocurrir lo mismo. La Comisión podría descontar hasta 1.000 millones de euros si España no cumple los compromisos. El Gobierno tiene dos caminos: intentar que salga adelante la reforma fiscal en el Parlamento o arriesgarse a que se descuente un volumen importante de fondos europeos.
Retos pendientes Hasta la fecha España ha recibido más de 48.000 millones de euros tras cumplir 158 hitos de reformas y objetivos de inversión, que representan el 30% de todo lo que tiene que cumplir para obtener todos los fondos. Le quedan por cumplir 414 compromisos (158 hitos de reforma y 256 objetivos de inversión) para recibir los próximos desembolsos. El informe de la Comisión Europea sobre España subraya que la finalización a tiempo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es todavía un reto y que hay que acelerar las inversiones y abordar los retrasos que están apareciendo.
Aunque a partir de ahora el grueso de compromisos a cumplir se centra en objetivos de inversión, quedan todavía relevantes reformas por aprobar «y no está claro con qué mayoría podrá contar el Gobierno», señala la unidad Next Generation de LLYC. «El riesgo de perder parte de los fondos restantes por no poder cumplir con todos esos compromisos es bien real», concluye el informe.
Las reformas legislativas son las más complicadas, pero no hay que perder de vista que también hay que realizar las inversiones prometidas con los fondos europeos. Una de ellas era destinar 4.000 millones de euros de los fondos para mejorar el acceso a vivienda asequible. Este punto ya lo ha puesto en marcha el Gobierno al suscribir los convenios con el ICO para repartir ese dinero en préstamos con condiciones más favorables que las del mercado a promotores para levantar viviendas en alquiler social o asequible. Una medida positiva que se lleva a cabo empujada por Europa.
¿Qué pasará con esos objetivos de inversión si no hay Presupuestos del Estado en 2025 y se vuelven a prorrogar los de 2023? En este caso, la suerte juega a favor. No tener Presupuestos dificultaría llevar a cabo las inversiones si los prorrogados fueran restrictivos, pero los de 2023 incluían un margen de inversiones de fondos Next Generation que da de sobra para aplicarlo a los fondos que puedan recibirse en 2025. Eso sí, hay que llevar a cabo esas inversiones. Si no, pasará como con el ‘kit digital’: que Europa quitó 158 millones por no haberlo desarrollado a tiempo.