El 14 de diciembre de 2006 se aprobó la Ley de Dependencia en España, una norma que, cuando entró en vigencia, se esperaba de ella que se convirtiera en el cuarto pilar del Estado del bienestar. Ahora, 18 años después, el presidente de Clece (compañía referente en la gestión de servicios esenciales), Cristóbal Valderas, y el presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, hacen un balance de la situación actual de la ley, en la que exponen que la expectativa de ser el cuarto pilar del bienestar «no se ha cumplido», convirtiéndose en una «máquina de producir frustración».
Aunque la ley inicial tiene firma socialista, Fernández reconoce que «sobre el papel, la Ley de Dependencia fue una buena idea del gobierno de aquella época, pero hay que ser autocríticos y, en este sentido, creo que no es una responsabilidad exclusiva del gobierno actual». A lo largo de diferentes gobiernos, señala, «ha habido una cierta dejación a la hora de financiar adecuadamente lo que pone en ese papel», que establece un compromiso de financiación del 50%, situándose hoy en día en torno al 39-40%.
El consenso político debe asegurar la buena financiación de la Ley de Dependencia
La insuficiente financiación estatal, combinada con otros factores como el aumento del IPC y el SMI, y la Ley de Desindexación de 2015, crea serias dificultades económicas para las empresas que prestan servicios esenciales. Esta ley impide que las empresas repercutan los sobrecostes posteriores a la firma de los contratos con la administración pública, lo que las lleva, junto con la limitación de fondos que la administración está dispuesta a invertir, a operar al límite de la supervivencia.
Así las cosas, tanto el líder popular como el presidente de Clece coinciden en que la falta de una prioridad política clara y sostenida ha sido un factor determinante en el incumplimiento de las expectativas de la Ley de Dependencia, y abogan por un cambio de enfoque que coloque las necesidades de las personas dependientes en el centro de la agenda política, trascendiendo las divisiones ideológicas y asegurando una financiación y una gestión adecuadas.
Pacto de estado necesario
Para mejorar la situación, Fernández y Valderas ven necesario el cumplimiento de la ley vigente como un primer paso fundamental, además de recuperar la mesa de diálogo social para abordar los problemas de la Ley de Dependencia de manera conjunta entre políticos, empresas y trabajadores. El objetivo principal debería ser acabar con las listas de espera –más de 900.000 personas fallecidas en listas de espera desde la aprobación de la ley y casi 300.000 que aún están en lista a día de hoy–. Valderas recuerda que «cada millón de euros invertido en atención a la dependencia genera 41 empleos directos» y «si estos trabajadores provienen del desempleo, el ahorro en prestaciones podría alcanzar los 574.000 euros anuales». Considerando que el 41,7% de la inversión en dependencia regresa a las arcas públicas en forma de impuestos y cotizaciones, «cada millón de euros destinado a este sector genera un retorno de 417.000 euros. Sumando este retorno al ahorro en prestaciones por desempleo, la Administración recuperaría casi el 100% de su inversión en el cuidado de personas mayores y dependientes».
Cristóbal Valderas, Presidente de Clece: «Un pacto de estado debe garantizar el bienestar de las personas dependientes»
Por otra parte, proponen la necesidad de un pacto de estado que, según expone Valderas, debe establecer «principios irrenunciables que garanticen el cuidado de las personas mayores, dependientes o con discapacidad». Esta sería, según el presidente de Clece, una forma de trascender la «batalla política ideológica» y asegurar un compromiso a largo plazo con estos servicios. Por su parte, el líder popular reconoce la relevancia de un pacto de estado, pero subraya que un pacto efectivo requiere un trabajo previo de consenso y diálogo entre todas las formaciones políticas. Sin este trabajo preparatorio, un pacto de estado podría convertirse en una mera «foto» sin un compromiso real con el cumplimiento de la ley: «Estoy totalmente a favor de ello porque si realmente un pacto de estado se hace exclusivamente para hacer una foto y no hay un trabajo previo de diálogo que ponga a todas las formaciones políticas en una misma dirección, es incluso contraproducente».
Cuidar a nuestros cuidadores
En el contexto de la Ley de Dependencia y los Servicios esenciales es importante, según resaltan Fernández y Valderas, tener en cuenta la ‘Cultura del Cuidado’. Sin embargo, lamentan, no está especialmente desarrollada en España, lo que conlleva consecuencias directas en la asignación presupuestaria y en la forma en que se abordan las necesidades de las personas dependientes.
Alejandro Fernández, Presidente del PP en Cataluña: «Ha habido cierta dejación a la hora de financiar lo que se establece en la Ley de Dependencia»
Acciones como el cumplimiento efectivo de la actual Ley de Dependencia; promover iniciativas que cuiden a los cuidadores, como el programa ‘Cuidado en red’ de la asociación sin ánimo de lucro ‘Corazón y manos’, creada por iniciativa de empleados de Clece, que ofrece apoyo social y emocional a sus trabajadores; o integrar la perspectiva del cuidado en las políticas públicas, son algunas de las propuestas que tanto Cristóbal Valderas como Alejandro Fernández ponen sobre la mesa para reorientar las prioridades políticas hacia la cultura del cuidado.
