La Inspecció de Treball de Catalunya batió el récord de sanciones a empresas en 2024 con 49,4 millones de euros en multas por incumplimiento de la normativa laboral. Se trata del importe más elevado en los 15 años de historia del organismo dependiente de la Generalitat, que asumió la función inspectora en materia laboral en Catalunya en 2010. El cuerpo de inspectores laborales intensificó durante el año pasado la cooperación con la policía, con un 82,5% más de infracciones fruto de actuaciones conjuntas. Entre los ámbitos más sancionados destacan las multas por incumplimientos de empresas que tenían en plantilla a trabajadores extranjeros contratados de manera irregular, que crecieron un 35,2%.
Los agentes de la Inspecció de Treball, que depende de la Generalitat, finalizaron 33.392 expedientes en 2024, un 4,6% más que el año anterior, con 17.671 visitas a centros de trabajo, una cifra que se ha mantenido estable respecto a 2023.
Durante el proceso de tramitación, los inspectores plantearon a las empresas 23.601 requerimientos de mejora, de los cuales el 83% estuvieron relacionados con accidentes y salud en el trabajo.
En total, a lo largo de 2024, el organismo que vela por el cumplimiento de las normas laborales propuso 13.265 sanciones a compañías, un 4,8% más que el año anterior. El importe total de las multas creció aún más, un 7,7%, hasta los 49.413.681 euros.
Los sectores económicos con más infracciones fueron las industrias manufactureras, la construcción, el comercio, la reparación de vehículos y la hostelería.
De media, cada multa fue de 3.763 euros, y la principal causa fueron los incumplimientos relacionados con la jornada laboral, los descansos, el registro de jornada o las horas extra. Por este motivo, se propusieron un 7% más de multas en 2024, hasta un total de 2.399. Los inspectores controlan no solo que las empresas tengan un registro de jornada —obligatorio desde 2019—, sino que se respeten los horarios y se compensen las horas extra.
Actuación conjunta con la policía
El segundo motivo de sanción fue la falta de permisos de trabajo de empleados extranjeros, como resultado de la intensificación de las campañas coordinadas entre la Inspecció de Treball y la policía. Las infracciones de la normativa de extranjería aumentaron especialmente durante 2024 con 1.453 multas (+35,2%) por valor de 14,4 millones de euros. Las sanciones a empresas que contrataban trabajadores nacidos fuera del Estado de forma irregular representaron casi un 30% del total de multas impuestas en 2024.
Estas actuaciones provocaron 1.252 altas de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social. Aunque la Inspecció de Treball de la Generalitat no tiene competencias en este ámbito, sí puede actuar si en el proceso de tramitación de un expediente se detecta fraude a la Seguridad Social.
La Inspecció de Treball de la Generalitat se ocupa de las relaciones laborales, la prevención de riesgos laborales y de actuar en caso de accidentes y extranjería, mientras que el cuerpo estatal se encarga de los incumplimientos en materia de Seguridad Social, como no dar de alta a los trabajadores o utilizar falsos autónomos.
Las actuaciones conjuntas de inspectores y agentes policiales —algunas de ellas con inspecciones a conductores en carretera o a supermercados— originaron 1.265 multas a empresas, un aumento del 82,5% respecto a 2023. Como resultado de estas operaciones se detectaron incumplimientos, sobre todo, en permisos de trabajo, jornadas y altas a la Seguridad Social, imponiendo multas de 9,38 millones de euros.
Accidentes de trabajo
En tercer y cuarto lugar en la lista de infracciones están los incumplimientos contractuales —con 7.386 contratos transformados y una actuación centrada en controlar el abuso de la temporalidad— y los problemas relacionados con la seguridad de las máquinas. La Inspecció de Treball, que por ley investiga todos los accidentes graves, mortales y múltiples, propuso 1.949 infracciones por siniestralidad laboral (+12,6%) por un importe total de 9,27 millones de euros.
Además de los accidentes más graves, el cuerpo laboral investiga siniestros leves que afectan a colectivos vulnerables y sectores concretos con más siniestralidad como la construcción, que en 2024 registró 1.704 infracciones, un 20,4% más que en 2023. Las empresas del sector tuvieron que afrontar 7,7 millones de euros en multas, un 15% del total. Preocupan especialmente las caídas en altura.
Políticas de igualdad
Uno de los aspectos en los que quiere incidir la policía laboral este año es en las políticas de igualdad, ya que el cuerpo solo recibió 61 denuncias —que generaron 63 sanciones— por esta cuestión en todo 2024. El grueso de acciones en este ámbito provienen de actuaciones planificadas, que el año pasado acabaron con 301 infracciones. Entre denuncias y actuaciones de oficio, se impusieron multas por valor de 894.018 euros.
Por otro lado, la Inspecció también verifica el cumplimiento de la normativa que establece que las empresas de más de 50 trabajadores deben tener un 2% de empleados con discapacidad. En este sentido, durante 2024 se contrataron 301 personas vinculadas a actuaciones de los inspectores, con 2,9 millones invertidos en medidas alternativas.
Incremento de las denuncias en un 9%
Las denuncias dirigidas a la Inspecció de Treball aumentaron un 9%, hasta las 11.786, una tendencia que la directora de la Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas, ha atribuido al trabajo de difusión de los mecanismos y medios para informar al organismo de irregularidades. En total, se denunciaron 5.341 empresas. Más de la mitad de las denuncias finalizaron con una propuesta de infracción (56%).
Impacto de la reducción de jornada a 37,5 horas
El organismo está a la espera de la tramitación del anteproyecto de ley para reducir la jornada en el Congreso de los Diputados para saber si finalmente se implementará, ya que la norma incluye un sistema digital de registro horario. La directora de la Inspecció de Treball de Catalunya ha asegurado que el cuerpo, por ahora, “no está preparado” para asumir la vigilancia del control horario digital, pero ha detallado que un grupo de trabajo estudia cómo implementar “una herramienta fundamental” que permita “comprobar cómo se están haciendo las jornadas en el país”.
10.000 trabajadores por cada inspector
La Inspecció de la Generalitat contó con 191 efectivos, mientras que la estatal tenía 116, lo que representa un inspector de trabajo por cada 10.000 habitantes, por encima del umbral de 7.000 que fija la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El cuerpo dependiente de la administración catalana espera incrementar la plantilla en 6 personas en 2025. “Cuanta más plantilla tengamos, a más centros de trabajo llegaremos”, ha dicho Freixas.
De cara a 2025, los objetivos de la Inspecció son incrementar la vigilancia de los planes de igualdad para asegurar no solo que estén redactados, sino que sean “documentos vivos” que permitan reducir la desigualdad de género, y también vigilar el cumplimiento de la normativa LGTBI, así como el fraude en la jornada o en la contratación. En este sentido, verificarán los motivos por los que se extinguen contratos indefinidos durante el período de prueba.
Vigilancia de la inteligencia artificial
Una de las novedades del ejercicio será la vigilancia de la inteligencia artificial en las empresas. El cuerpo está formando a los trabajadores en la materia para asegurar que las compañías cumplan con el reglamento europeo de inteligencia artificial, que, entre otras cosas, obliga a compartir la información de los algoritmos con los representantes de los trabajadores.
